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La extracción de gas acorrala a los indígenas

 

Perú vive inmerso en un modelo extractivista que, promesas electorales aparte, no ha logrado convivir con el respeto a los derechos fundamentales de la población. Ya en 2010, a pocos meses de asumir el mandato Ollanta Humala, la represión volvió a ser herramienta de uso para aplastar la oposición al proyecto minero Conga.



En la Amazonía, las expectativas vertidas por el movimiento indígena con el nuevo presidente se diluyen como el petróleo que fluye impunemente por los ríos Corrientes, Marañón y Trompeteros. Diferentes ONG peruanas e iniciativas de seguimiento comunitario como el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, alertan de cómo la ampliación de la frontera petrolera multiplica los impactos en los ecosistemas amazónicos y genera conflictos territoriales con las comunidades nativas.

Cuadrícula amazónica

En la última década, se ha acelerado la entrega de lotes petroleros en la Amazonía que afectan ya a más del 72% del territorio, y la mitad de estas concesiones se han otorgado en zonas donde nunca hubo actividad. A lo largo de la historia, sólo un 16% del territorio de la Amazonía peruana se ha salvado de tener en algún momento un bloque petrolero. Actualmente son más de 50 compañías petroleras operando en un centenar de lotes en territorio peruano.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, sólo en 2010 se registraron 7.405 km de líneas sísmicas 2D y 4.108 km2 de 3D, que, comparados con el año anterior, representó un incremento de 24,1% y 77,9% respectivamente.

En el departamento de Loreto, al norte del país, se cumplen cuatro décadas de explotación petrolera, que arrojan nefastos cuadros epidemiológicos en los pueblos ribereños por consumir agua y pescado con metales pesados. El pasado 3 de octubre, un comunicado de las federaciones indígenas Feconaco, Fediquep y Feconat bloqueaba la concesión del lote 192 hasta que sean remediados los sistemáticos vertidos del lote 1AB, cuyo titular, Pluspetrol Norte, pretende deshacerse de los pasivos ambientales como ya lo hizo Texaco en Ecuador.

Por otro lado, tras la resaca de los levantamientos amazónicos de 2008 y 2009, se aprobó en el país una Ley de Consulta que obliga a pedir permiso a las comunidades afectadas por una concesión, anteriormente a que ésta sea licitada. Pero sobre el terreno se repiten las malas prácticas que omiten la voluntad de la población, como se ha visibilizado en los conflictos que enfrenta por ejemplo a Repsol con los pueblos Harakmbut (lote 76), Awajún y Shawi (lote 109) y Kakinte (lote 57).

Al sur del país, la selvática cuenca del Bajo Urubamba fue escenario hace un siglo de las correrías de la explotación cauchera que diezmó a los pueblos amazónicos. En la actualidad, cinco empresas se reparten un botín gasífero que ha empezado a reportar extraodinarias ganancias. En total, más de un millón y medio de hectáreas repartidas en cuatro concesiones acorralan los territorios de los pueblos matsiguenga, yine yami, nahua, nantis, ashaninka y kakintes.

Protagonistas de un desembarco industrial sin precedentes, las compañías Pluspetrol, Repsol, Hunt, Sk y Petrobras no dudan en presumir de los trillones de pies cúbicos de gas descubiertos al borde de reservas naturales de importancia mundial por su biodiversidad como son el Parque Nacional Manu, el Parque Nacional Otishi y el Santuario Megantoni.

Camisea: gas con caucho

El lote 88, más conocido como Camisea, fue explorado y perforado por Shell en la década de 1980. El ingreso de la compañía en aquella zona inexpugnable fue fatal para el aislado pueblo Nahua, que sufrió una mortalidad del 50% de la población por el contacto con la gripe. Tras el abandono de Shell por desacuerdos contractuales, Pluspetrol, compañía argentina accionariada por Repsol, lidera el consorcio que opera los lotes 88 y 56, donde en 2003 construyó un gasoducto hasta la costa para abastecer de gas del mercado interno y exportarlo al mercado global. El lote 88, superpuesto a la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nantis –creada para proteger al millar de indígenas en aislamiento voluntario que habitan la zona–, constituye una permanente amenaza para estos pueblos.

Inmersa en una campaña no declarada de expansión de actividades dentro de la reserva, en julio de 2011 Pluspetrol contrató a indígenas en contacto inicial [con el resto del mundo] de la etnia nahua para realizar tareas de vigía y mediar en posibles contactos con los pueblos indómitos que encontrara a su paso. Un documento confidencial, interceptado al gerente de operaciones de Camisea demostraba que Pluspetrol pretende construir una antena parabólica para que los comunarios nahua sintonicen Direct TV en el interior de la reserva.

Repsol se reparte el negocio

Repsol opera el vecino lote 57 y en las inaccesibles montañas que separan los ríos Tambo y Urubamba. Con más de 600.000 hectáreas barridas por el trazado de líneas sísmicas 2D y 3D, la invasión de la comunidad matsiguenga de Nuevo Mundo para construir un campamento con pista de aeropuerto ha hecho que los planes de perforar 23 pozos del proyecto cuenten con la oposición del pueblo en contacto inicial kakinte. En agosto de 2011, la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte emitía un comunicado denunciando el divisionismo fomentado por Repsol al negociar con una representación ilegítima de este pueblo.

Más al sur, Petrobras opera en solitario el lote 58, desde donde construye el Gasoducto Andino Sur, de 1.078 kilómetros, para suministrar gas al amplio sur peruano, donde se aprestan a construir petroquímicas para fabricar explosivos y otros insumos para la minería.

*Marc Gavaldá es miembro de Repsolmata y Alerta Amazónica.

http://www.diagonalperiodico.net/La-extraccion-de-gas-acorrala-a.html

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