El derecho humano al agua: un punto de partida

La situación es especialmente grave en aquellos territorios donde hay escasez de agua y su acceso es muy limitado, pues se pone en peligro la satisfacción de necesidades básicas para la vida de las mayorías sociales. También puede ocurrir que, con el objeto de cubrir todas las demandas, se elimine la fuente de agua, ya sea un río, un acuífero o un lago. Hay que tener en cuenta, además, que estas situaciones se van a repetir en cada vez más territorios por los
efectos del cambio climático.

La apropiación no sólo se realiza a partir del control de las fuentes de agua y de las concesiones de elevados volúmenes, también tiene lugar cuando se destruyen estas fuentes de agua por contaminación de una explotación minera, petrolera, gasística, de la industria química… ya que impide disponer de agua segura de la fuente  contaminada para el abastecimiento, saneamiento, la agricultura y el ganado. Un ejemplo de esta forma de apropiación es el reciente desastre ocasionado por un vertido minero en Brasil. La ruptura de dos balsas de una mina de hierro dio lugar al derrame de 62 millones de metros cúbicos de lodo y residuos tóxicos que ha destruido la cuenca del río Doce en Minas Gerais, Brasil. Además de la destrucción ambiental, el vertido causó doce víctimas mortales y once personas desaparecidas[3]. La empresa responsable es un consorcio de transnacionales mineras conformada por la brasileña Vale y la australiana BHP Billiton.

Frente a esta realidad, diversas organizaciones sociales y ambientales han reclamado durante muchos años la necesidad de cambiar la mirada sobre el agua para considerarlo como un bien que debe ser protegido y gestionado bajo premisas de universalidad, equidad, sostenibilidad y democracia. Y el reconocimiento del abastecimiento y saneamiento del agua como un derecho humano por las Naciones Unidas fue un paso en este sentido. En pleno siglo XXI, en el año 2010, se reconocía que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”[4].

Una vez contemplado, el desafío es su implementación y la realidad es que su incumplimiento es sistemático porque sólo podrá garantizarse si cambia el sistema socioeconómico. Sólo se respetará como derecho universal si se consiguen subordinar los intereses económicos a la satisfacción de las necesidades de las mayorías sociales y la conservación de los ecosistemas. Así que el reconocimiento del agua como derecho humano se está configurando como una herramienta para la presión política y la denuncia social. Ante la destrucción de las fuentes de agua, el acaparamiento y la mercantilización crecen las resistencias sociales que exigen gestionar el agua como lo que es, un bien básico para la vida y la dignidad humana.

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Artículo publicado en el nº68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.