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BDS va superando pruebas y entrando en Administraciones

 
Al tiempo que 41 administraciones públicas del Estado español han ido manifestado su compromiso con el cumplimiento del derecho internacional y los Derechos Humanos en Palestina-Israel adhiriéndose al BDS y/o declarándose Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI), las amenazas “legales” llegadas desde el lobby sionista van cayendo por su peso propio peso. Este proceso es paralelo a una dinámica extremadamente peligrosa de criminalización y estigmatización del BDS y sus activistas, representada recientemente por la declaración del ministro israelí de inteligencia, Yisrael Katz, quien el pasado 28 de marzo defendió que Israel debía comprometerse con la “eliminación de objetivos civiles” de los “líderes” del BDS con la ayuda del Mossad. Ante el fracaso continuado de las negociaciones entre dirigentes israelíes y palestinos, el avance de la colonización sionista, la sofisticación de la ocupación y del apartheid israelí, las masacres contra la población palestina y, en definitiva, la violación sistemática e impune del derecho internacional por parte del Estado de apartheid de Israel, en 2005 más de 170 organizaciones palestinas, coordinadas por el Comité Nacional Palestino de BDS (BNC), lanzaron la iniciativa antirracista y no violenta de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). El objetivo de esta campaña es presionar al Estado de Israel para que “cumpla con el derecho internacional y los principios universales de Derechos Humanos”.


i El BDS, que suma éxitos cada semana, ha recibido el apoyo de figuras públicas globales como el arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, el científico Stephen Hawking o el superviviente del campo nazi de Buchenwald y participante en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Stéphane Hessel, por citar algunos ejemplos. Cientos de víctimas judías del Holocausto, en verano de 2014, relacionaron la palabra “genocidio” con la operación Israelí en Gaza y pidieron el “boicot total” de la ONU a Israel. También, diferentes organizaciones judías de todo el mundo apoyan el BDS (IJAN, Jewish Voice for Peace, Boycott from Within, etc.), por lo que cualquier acusación de antisemitismo es una falsedad que intenta justificar los crímenes israelíes. Asimismo, en diferentes lugares del mundo el boicot académico, económico, cultural y deportivo contra Israel está teniendo un impacto muy relevante, así como las desinversiones. Recientes cálculos consideran que el régimen israelí perdió más de 31.000 millones de dólares en el año 2015 debido al BDS. La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), entidad que agrupa a más de 45 organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino en todo el Estado español, ya ha conseguido que más de 40 administraciones públicas hayan declarado oficialmente su compromiso con el cumplimiento del derecho internacional y los Derechos Humanos en Palestina-Israel adhiriéndose al BDS y/o declarándose Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI). Se trata del mayor éxito del BDS en el ámbito de las instituciones públicas locales y regionales en toda Europa. Paralelamente a estos éxitos de la solidaridad con Palestina, al otro lado del Mediterráneo, el Estado de apartheid de Israel viola sistemáticamente, desde hace 68 años, los derechos fundamentales de la población palestina (incluyendo bombardeos masivos como los del verano de 2014 contra la población de Gaza, en los que asesinó a más de 500 niñas y niños). Para intentar enfrentar el avance del BDS sus grupos de presión han puesto en funcionamiento una campaña mundial, financiada con una cantidad de fondos sin precedentes, para silenciar y criminalizar el BDS, incluyendo claros ataques por parte de Israel contra la libertad de expresión y contra los derechos civiles en Europa y Norteamérica. Entre otros, estar fomentando un ambiente de acoso, intimidación y represión que reúne todas las características de la época del macartismo en los EE. UU. y de los peores días del régimen de apartheid en Sudáfrica. El lobby sionista en el Estado español lleva meses amenazando a los poderes democráticos municipales y provinciales a través de una entidad sionista. Con el aumento del número de ayuntamientos, diputaciones y cabildos adheridos al BDS y/o declarados ELAI, el lobby defensor del Estado de apartheid de Israel ha intentado manipular, coaccionar y amedrentar a las administraciones públicas adheridas mediante estrategias mafiosas de acoso en las redes sociales (que cuentan con algunos perfiles vinculados a la extrema derecha, a la islamofobia y que niegan la violencia machista, por ejemplo), propaganda difamatoria en los medios de comunicación y denuncias legales sin ningún tipo de fundamento jurídico. Tácticas similares también han tenido lugar en los últimos tiempos en Francia, el Reino Unido, Norteamérica y otros lugares. Sin embargo, numerosos ayuntamientos y otros organismos de gobiernos regionales están demostrando su coherencia y su compromiso con el derecho internacional y los Derechos Humanos, manteniéndose firmes ante esta campaña de difamaciones y amenazas. Además, en los municipios de Abrera y Catarroja (el pasado lunes 18 de abril en este último caso) los ataques sionistas han caído por su propio peso en los tribunales, ya que las denuncias sionistas contra la moción de adhesión al BDS han sido retiradas o su procedimiento ha sido desestimado. Como nos han comunicado miembros de estas mismas administraciones públicas, es intolerable que grupos que defienden un Estado colonial, que practican el apartheid y la limpieza del étnica desde hace 68 años, intenten destruir la capacidad de decisión y la soberanía de municipios democráticos que están legislando en favor de la legalidad internacional y los Derechos Humanos. Seguimos y seguiremos defendiendo la libertad, la justicia y la igualdad en Palestina. Seguiremos respondiendo a la llamada de solidaridad del pueblo palestino. ¡Derecho a la democracia y el derecho al BDS van de la mano!

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