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Un trabajador de Tráfico recurre una sanción al Superior de Justícia

 
La Confederación General de Trabajo (CGT) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Dirección General de Tráfico al considerar injusta una sanción de 10 meses de suspensión de empleo y sueldo impuesta a un empleado de la Jefatura de Tráfico en Lleida. La abogada que lleva el recurso de Luis Antonio García explicó que “las sanciones impuestas –al trabajador– no se corresponden con los hechos que se le imputan. Además, es un abuso imponer once sanciones en menos de un año y medio”.
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Según explicó el empleado, Luis Antonio García, los hechos se remontan a 2004, cuando en su calidad de secretario sindical del sindicato CGT en la Jefatura Porvincial de Tráfico de Lleida presentó un escrito a la DGT en el que planteaba reivindicaciones para los trabajadores, incumplimientos de la ley de prevención de riesgos y sugerencias de mejoras.

García afirma que tras estas denuncias su situación profesional empeoró y la carga de trabajo aumentó. En setiembre de 2005 cogió una baja de tres meses por estrés laboral, pero al volver al trabajo la situación seguía siendo la misma. Entrado ya el año 2006, afirma García, la situación se convirtió en una “persecución administrativa”. En junio de ese año, dos inspectores de Madrid se entrevistaron con él. El caso se archivó temporalmente, pero meses después, afirma el trabajador, la situación laboral se deterioró y se le abrió un expediente disciplinario por “conductas presuntamente irregulares” y por “incumplir órdenes de sus superiores”, hechos que, según explica, no se corresponden con la realidad.

La sanción llega en setiembre de 2007 con una suspensión de diez meses de empleo y sueldo, una medida que la CGT se ha venido a calificar com “un proceso interno de represión”. El proceso judicial se inició a raíz de la sanción impuesta a García. De este modo, el pasado 6 de mayo se presentó un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya “por una sanción que la administración a impuesto, a nuestro parecer, de forma injusta”.

Desde el sindicato creen que “la administración impone la ley, pero ella misma no la cumple”. Asimismo, expresaron su opinión de que se ha criminalizado al trabajador por denunciar el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos.

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