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ONGs denuncian la situación de la Oficina de Extranjería y un aumento de las órdenes de expulsión

 
VALENCIA. Diversas ONGs y sindicatos que trabajan con inmigrantes denunciaron hoy la falta de medios humanos y económicos en la Oficina de Extranjeros, lo que provoca una "inseguridad jurídica" a este colectivo por el retraso en la cita para renovar sus permisos y la posibilidad de que caduquen los plazos, y criticaron que actualmente se ha constatado un aumento de las órdenes de expulsión a estas personas y de peticiones de documentación, incluso a quienes están en la cola de este organismo.


Estas organizaciones, entre las que se encuentran Avar, Valencia Acoge, Cáritas, Mancomunitat de l’Horta Sud, Fundación Javier Simó, Cear, Jarit, Aracova, Rumiñahui y los sindicatos CCOO, USO, CGT y UGT presentaron un escrito ante el Sindic de Greuges en el que exponen su denuncia y, entre otras cuestiones, destaca el desconocimiento que entre 1.000 y 1.200 inmigrantes tienen sobre su situación en la Comunidad Valenciana ya que desde la Oficina de Extranjería no les han dado constancia de la presentación de sus expedientes que, para facilitar su trabajo, las organizaciones dejaron hace un mes.

En una rueda de prensa ofrecida hoy, la representante de Valencia Acoge, Berta Castro, criticó el funcionamiento "anormal" de la Oficina de Extranjería, que también sufren sus funcionarios, en la que es "casi imposible" el acceso de los inmigrantes. Aseguró que a través del sistema de cita previa telefónica se consigue una visita a los tres o cuatro meses de la solicitud, aunque el inmigrante no tiene ningún documento que acredite la realidad de esta gestión.

Añadió que pueden darse problemas añadidos como el plazo que tienen determinados documentos y subrayó que puede haber casos en los que el inmigrante no conste en ninguna lista por lo que se crea una "inseguridad absolutamente intolerable". Además, criticó que si faltan documentos no admiten los expedientes y obligan a volver otro día, con el mismo periodo de tiempo.

La representante de Valencia Acoge aseguró que muchas personas "se han quedado sin renovar permisos por estas prácticas que no se ajustan a derecho". Con la nueva ley, afirmó que la situación se ha agravado porque para renovar el permiso de una persona regularizada a veces es necesario esperar hasta ocho meses. También criticó que la posibilidad de gestión de citas por correo electrónico no se puso en marcha hasta un mes después del acuerdo.

ANTIGUA LEY

Por parte de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Empar López explicó que estas organizaciones, según se acordó en una reunión mantenida en Delegación de Gobierno, presentaron en la Oficina de Extranjería entre 1.000 y 1.200 expedientes de inmigrantes amparados por la anterior ley, antes de la entrada en vigor de la actual, aunque no les dieron ningún tipo de resguardo ni tienen noticias de su situación.

Esto, indicó, puede llevar a despidos de personas que, en principio, entran en situación de irregularidad o se han producido distintos casos de órdenes de expulsión de inmigrantes que no pueden demostrar que su expediente está en la administración. Además, denunció la interpretación restrictiva de la ley por parte de la Oficina de Extranjería, en cuanto a las circunstancias excepcionales que contempla.

Las miembros de estas organizaciones que participaron en la rueda de prensa aseguraron que, en este momento, se vive en relación con los extranjeros una "situación policial" en la que, por ejemplo, explicaron que recientemente en Alicante la Policía pidió la documentación de personas que estaban en la cola de la Oficina y que también entraron en unos locales de una de estas asociaciones en Torrevieja.

En este sentido, lamentaron que no se cumple lo que anunció el delegado del Gobierno, Juan Cotino, de que se daría prioridad a las expulsiones de las persoans que hubieran delinquido y aseguraron que en el plan de ¡’Tolerancia Cero’ en el barrio de Russafa de Valencia se detiene a muchos inmigrantes que entran a comprar en las tiendas de estos colectivos.

TERCERA MODIFICACION

La representante de esta materia en CCOO, Neus Carrasco, aseguró que la reforma 14/2003 de la Ley de Extranjería, sobre la que anunciaron que se está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad, "no tiene ningún sentido" ya que es la tercera modificación del Gobierno del PP argumentada para controlar la inmigración ilegal y las mafias, aunque provoca que haya más de 800.000 inmigrantes en situación irregular y más organizaciones que explotan a las personas.

Asimismo, denunció que la Policía puede tener, con esta modificación, acceso a los datos del padrón de los Ayuntamientos, lo que supone que muchos inmigrantes tengan miedo a empadronarse y, por tanto, la posibilidad de acceder a derechos básicos como la sanidad o la educación. En este sentido, estas organizaciones han retomado una campaña en la que quieren presentar mociones en los Ayuntamientos en las que les insten a no facilitar los datos a la Policía y a la que esperan que se sumen todos los consistorios posibles. EUROPA PRESS

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