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CGT denuncia la politización de la evaluación educativa andaluza

 
En un reciente Decreto, concretamente el 435/2008, de 2 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 182 de 12/09/2008, se materializa a criterio de CGT la politización de la evaluación del Sistema Educativo Andaluz.
Rafael Fenoy Rico. Secretaría de Juridica y relación con los medios FASE CGT


La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, regula en su título VI la evaluación del sistema educativo, disponiendo el artículo 153 que esta se orientará a la mejora permanente del mismo y al aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado, de forma que contribuya al éxito escolar de este. Asimismo dispone que la evaluación del sistema educativo andaluz se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en la Ley y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección, los servicios de apoyo a la educación y la propia Administración educativa.

CGT se pregunta como será posible que la Agencia Andaluza de Evaluación pueda ejercer esta última tarea, evaluar a la propia Administración, sin en el artículo 17 del reglamento que la regula el nombramiento de las personas responsables de los Departamentos establece que el frente de cada Departamento habrá una persona responsable que será nombrada por la Presidencia de la misma, a propuesta de la Dirección General, de conformidad con la normativa vigente en materia de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía para los puestos de libre designación. Es decir a “dedo”.

CGT entiende que esta absoluta dependencia de la propia Consejería de Educación hace imposible la tarea de aplicar una evaluación objetiva a las actividades de la misma utilizando la Agencia Andaluza de Evaluación, sobre todo teniendo en consideración el cúmulo de funciones que le atribuye el artículo 18 del mismo reglamento.

Es evidente que el oscurantismo y ocultación de datos que consciente y deliberadamente realiza la Consejería de Educación, de la que pueda dar fe CGT, ya que ha solicitado reiteradamente información incluso ante tribunales, viene a consolidar una impunidad absoluta y antidemocrática de las acciones realizadas por la Consejería de Educación.

Es igualmente curioso como se relega a la Inspección Educativa, factor de calidad y encargada también de la evaluación del Sistema Educativo, según la vigente Ley Orgánica de Educación, a un papel dependiente de la Agencia como indica el artículo 6 apartado 3, en el que se establece que “3. Para el ejercicio de las funciones y potestades administrativas recogidas en los apartados anteriores, la Agencia podrá contar con la inspección educativa.”

La ciudadanía no podrá tener información sobre el funcionamiento del sistema educativo y le será imposible valorar las políticas educativas desarrolladas por lo que la invitación a utilizar el derecho a votar será una farsa.

La regresión en los derechos democráticos de la ciudadanía nos sitúa en tiempos del franquismo, donde la mejor estratégia de la dictadura consistía en la ausencia de información.

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