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Sentencia mordaza

 

Artículo de opinión de Rafael Cid

Rafael Cid


Es una artimaña utilizada con fruición en el vaivén electoral. Votar por lo malo conocido con la nariz tapada para exorcizar lo que se predica peor por conocer. Aquello de la<<alerta antifascista>> que tan buenos réditos reportó recientemente a sus promotores. La misma argucia esgrimida ahora para lidiar la sentencia del procés a favor del poder instituido. Como la caverna política y mediática arguye que con la excusa de lograr la unanimidad se ha hurtado condenar por rebelión, cabría inferirse que las críticas realizadas por el independentismo desde sus antípodas ideológicas son igualmente trasnochadas. A mesa revuelta, beneficio de tahúres.

La esforzada <<unanimidad>> con que el Supremo suele construir sus fallos más relevantes, lejos de ser timbre de excelencia puede significar un indicio de dependencia política predeterminada. Mediante una especie de <<justicia por goleada>> se pretende instruir a la ciudadanía sobre la culpabilidad sin fisuras de los incriminados. Uno para todos y todos para uno. Resulta curioso que siendo la ciencia jurídica el arte de interpretar las leyes acorde con la idiosincrasia de los hechos, todos los miembros del alto tribunal se disciplinen como un pelotón de granaderos cuando el pleito afecta a temas colindantes con la “razón de Estado”.

El monismo procedimental que implica esa doctrina-rodillo transluce un sucursalismo político que colisiona con la publicitada separación de poderes. El último ejemplo se acaba de producir en el juicio a los líderes pro derecho a decidir en Catalunya. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha sentenciado como una apisonadora. Como un solo hombre, estando sin embargo compuesto por siete magistrados, con perfiles, trayectorias y escuelas jurídicas de distinto abolengo. Y lógicamente cabe pensar que todos ellos han sido sensibles a la auctoritas del presidente del tribunal, que como es sabido es designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de marcada impronta partidista.

Se pretende con ello no solo ejemplarizar el fallo, sino también evitar que prosperen futuros recursos de los condenados en instancia superiores, ya sea ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin votos particulares discrepantes la revocación en esos espacios jurídicos se hace más problemática. Una eficacia que compromete el espíritu de equidad que debería informar un Estado de Derecho no vampirizado en Estado de leyes. Estamos en el entorno de la casuística que Hans Kelsen llamaba el <<principio de represalia>> en su conocido ensayo <<¿Qué es justicia?>>, definido por el gran jurista austriaco como <<la técnica específica del derecho positivo que vincula el mal del delito con el mal de la pena>>. Decisionismo jurídico que por mor de primar la soberanía estatalista socava valores democráticos más elevados.

Ciertamente el espíritu de nivelación que ha prevalecido en la sentencia del procés pudo haberse consumado a la baja, como pregona la derechona partidaria del delito de rebelión agravado. Pero también podría haber sido consensuada a la baja, sin estimar siquiera la concurrencia de secesión, validándose como simple malversación. En este sentido llama la atención que el veredicto final exceda a peor de esta más liviana calificación penal, que es la única que contemplaron los jueces europeos que atendieron la orden de extradición de Puigdemont. Claro que una condena exclusiva por malversación hubiera dejado en ridículo todas las campañas orquestadas desde los aparatos del Estado y sus afines contra la disidencia civil de los catalanes indignados.

Por el contrario el <<todos a una como Fuenteovejuna>> del pronunciamiento del Supremo establece un aviso a navegantes destinado a quienes en el futuro osen transitar idéntico camino. Aún a costa de dejar en evidencia claras transgresiones jurisdiccionales. Por ejemplo, y tal como han hecho ver los observadores de organizaciones de derechos humanos extranjeros presentes en la vista, la vulneración del derecho que asistía a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a ser tutelados por su juez natural, que para su caso sería el Tribunal Superior de Catalunya. Dado que la Transición se basó en el continuismo del aparato judicial del franquismo, entre otros estamentos del armazón de la dictadura, ese secuestro de jurisdicción recuerda la negra etapa del Tribunal de Orden Público y sus acciones punitivas para sofocar el derecho a la participación política y el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión y manifestación. Lo que Marchena y sus replicantes acaban de despachar bajo el banal argumentario de “episodios de violencia” cometidos por “movilizaciones tumultuarias”. La excepción convertida en regla.

Pero lo insólito y cómico de la sentencia, y lo que demuestra su venalidad política está en el sermón paternalista que contiene, no en los hechos probados ni en los fundamentos de derecho. Hablamos de esa destilación de moralina barata con que el fallo se refiere a las decenas de miles de independentistas que se movilizaron como analfabetos y menores de edad, víctimas de unos políticos desaprensivos que les engañaron con la <<quimera>> de la autodeterminación. Literatura metajurídica destinada a abrir un cisma entre el activismo solidario del derecho a decidir y sus dirigentes represaliados, representantes legítimamente elegidos y portavoces de organizaciones de la sociedad civil. Lástima que la realidad haya fulminado la bonita homilía de los 7 magníficos, porque el mismo día que se publicó el fallo del procés media Catalunya se echaba a la calle contra una sentencia mordaza que aspira a crear jurisprudencia.

Además, nos queda el sonrojo de comprobar una vez más la doblez cortesana de muchos periodistas, intelectuales, analistas, tertulianos y opinantes a la hora de postularse ante el poder de turno. Son decenas los que ahora se proclaman contrarios de toda la vida a condenar a los reos por el delito de rebelión cuando llevan meses enarbolando la pancarta de <<duro y a la cabeza>> en foros, platós y artículos. Por su notoriedad progresista destaca el diario El País, hoy al frente de la moderación y señalando con la diana de su poderosa tipografía a los que siguieron esa línea, mientras el 28 de octubre de 2015 llevaba su editorial a portada bajo el tridentino título de <<Golpe de Estado, vacío de Gobierno>>.

Rafael Cid

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