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Mauthausen en el BOE: emoticonos y oportunismo

 

Artículo de opinión de Rafael Cid

Rafael Cid


Si tuviéramos que juzgar al presidente en funciones por las acusaciones de deshonestidad que ha lanzado públicamente contra sus contrincantes, habría que convenir que tan implacable proceder enmarcaría su mandato como el de Pedro “el virtuoso”. En un debate televisivo dijo que Mariano Rajoy “es un indecente”, tras una eficaz campaña mediática de caricaturización del personaje. Y después de haber llegado a La Moncloa a través de una moción de censura auspiciada por el líder de Unidas Podemos (UP), aseguró, también en una pantalla amiga, que su benefactor Pablo Iglesias “no es un demócrata”. Alguien atacado de semejante pureza inquisidora solo puede ser un dechado de virtudes. Pasen y vean.

Una de las características del Gabinete de Sánchez es convertir la política de gestos en un ornamento trascendente. Elevar a la categoría de referencia meras actitudes sin contenido legal cierto, no deja de ser un arte, fraudulento, pero igualmente meritorio. De esta manera, aparte de las disposiciones fruto del normal funcionamiento de las instituciones, también pueden contabilizarse como éxitos del Ejecutivo otros haberes que solo aportan el aroma del oportunismo. Un procedimiento activo de agitación y propaganda que tiene la ventaja de no precisar que el Gobierno esté en activo y reciba el obligado contraste del Parlamento. Basta con encontrar la fórmula para aparentar como que se hace cuando en realidad solo se pace. Es la política del placebo.

De ese tenor fueron sendas situaciones triunfales, una de facto y otra larvada, y ninguna de las dos de jure. La primera fue la acogida del Aquarius como apertura bautismal de su llegada al poder, sin asegurar que semejante acción solidaria tenga continuidad. Al contrario, donde, desde la oposición, el propio Sánchez urgía a Rajoy a auxiliar al Open Arms (abril 2018), hoy su fiel escudero, el secretario de Organización del partido y ministro de Fomento José Luis Ábalos, se permite despreciar chulescamente a la ONG diciendo que “son abanderados de la humanidad que no tienen que tomar una decisión”.

Todo eso pasa en el territorio de Pedro “el virtuoso”. Ciertamente nada que no recuerde, en este aspecto concreto, a lo perpetrado por el Gobierno anterior. Con algunas diferencias de forma y fondo. A saber: Rajoy no se reunía con colectivos de la sociedad civil mientras negaba asilo a los náufragos rescatados por una ONG de esa misma sociedad civil; no militarizó el Servicio de Salvamento Marítimo del Estado; no compró la voluntad del autócrata de Marruecos para que hiciera de carcelero de los migrantes que intentan ganar la frontera de la Unión Europea (UE) por nuestra costa; no bloqueó con tretas burocráticas a los barcos Open Arms y Aita Mari ni les amenazó con multas de hasta 900.000 euros si volvían a rescatar náufragos al Mediterráneo; y no dio la espalda a que los menores recogidos en alta mar fueran tutelados por nuestra legación en Malta (hasta el momento de escribir esta nota, 13 de agosto). Por cierto, embajada a cuyo frente se encuentra la actual esposa del ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, diplomática que saltó a la notoriedad por haber inscrito la casa familiar a través de una sociedad instrumental para eludir impuestos.

La otra gestualidad, de clara sonoridad ideológica, tiene que ver con la promesa de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, aún en el alerto. Relato con la vista puesta en el espejo retrovisor al que también hay que sumar las rentabilidades de la “alerta antifascista” programada tras la irrupción electoral del Vox. Y ahora, en plena canícula, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la lista de 4.427 combatientes republicanos muertos en el campo de concentración nazi de Mauthausen entre los años 1940 y 1945. Reconocimiento oficial por parte del ministerio de Justicia que en realidad constituye un alegato de inhumanidad contra todos los gobiernos y partidos que han ocupado el poder desde la transición. Todos ellos cómplices, no solo de ese ocultamiento desde que en 1951 Francia entregara a España los registros. Sino, y sobre todo, por seguir validando en plena democracia la “legalidad” normativa de la dictadura que provocó el éxodo, la persecución y el asesinato de aquellos demócratas que lucharon contra el fascismo allí donde prevaleciera.

Sin derogación de los juicios sumarísimos del franquismo y la rectificación de la aberrante discriminación que la Ley de Memoria Histórica (LMH) establece en cuanto a la percepción de indemnizaciones según los hechos sucedieran antes o después de 1968, no habrá nada que celebrar y sí mucho que lamentar y denunciar. Serán maniobras de distracción a beneficio de inventario. Postureo y oportunismo, emoticonos, para postularse de un falso progresismo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha celebrado la acción de su departamento respecto a sacar de la clandestinidad a una parte de los republicados muertos en Mauthausen (relación obsoleta y sin verdaderos efectos jurídicos para sus deudos dado los años transcurridos), pero es pura propaganda de parte si no actúa para acabar con esa otra modalidad de “barbarie” de curso legal aquí y ahora.

El pasado 9 de agosto, Delgado publicaba en el diario El País un artículo titulado “Deber de Memoria. Deber de Justica” (Memoria y Justicia en mayúsculas) acompañando la información sobre la publicación en el BOE de la lista de la muerte (aunque retiene el informe sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia). Y lo hacía después de que el pasado mayo, cuando visitaba oficialmente Mauthausen en homenaje a los fallecidos, abandonara airadamente la comitiva de un grupo de catalanes allí desplazados para rendir tributo a las víctimas. Reproche que no le ha impedido capitalizar la publicación de una lista que precisamente constata que un fue catalán, a mucha distancia del segundo, el mayor contingente de presos víctimas del horror nazi. Debería saber la ahora diligente ministra que desde 1948 existe en la localidad gala de Annecy, en la Alta-Saboya, un monumento urbano dedicado “A los españoles muertos por la libertad”, obra del escultor zamorano Baltasar Lobo, un artista que colaboró asiduamente con la revista libertaria Mujeres Libres durante la guerra civil.

Es una muestra más de las incoherencias a que nos tiene acostumbrado el PSOE en el gobierno. Habiendo ostentado el poder casi el doble número de años que la derecha, hasta el 2004 con Rodríguez Zapatero no se planteó algo parecido a una Ley de Memoria Histórica. Y aun así, más de cara a la galería que como auténtica Comisión de la Verdad, como demuestra el hecho de que el entonces titular de Justicia, Francisco Caamaño, argumentara que anular las sentencias de la dictadura era un “imposible jurídico”. La eterna equidistancia inmoral de un partido socialista rehén de una transición que se consumó pactando con los herederos de aquellos que urdieron la División Azul para luchar junto a las tropas de Hitler. Todo ello mientras los republicanos españoles eran deportados a los campos de concentración y exterminio del Tercer Reich. Algo más que Memoria y Justicia se necesita para comprender la calidad de una democracia que ha tenido como iconos y mentores fundacionales a personas que comulgaron sin pestañear con aquel nazismo (Dionisio Ridruejo y Pedro Laín Entralgo, descargo de conciencia al margen); un presidente del primer Gobierno de la democracia recién salido de dirigir la Secretaria General del partido único franquista; y un Jefe de Estado (hoy Rey Emérito) que ahora precisamente hace 50 años, en 1969, al ser designado sucesor de Franco, juró solemnemente antes las Cortes “cumplir y hacer cumplir los Principios del Movimiento Nacional”.

Mientras no se deroguen los juicios del franquismo con todas sus consecuencias jurídicas y civiles, y las consiguientes reparaciones de todo tipo a qué den lugar, esta democracia carecerá de dignidad ante el juicio de la Historia y las generaciones futuras.

Rafael Cid

 

 

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