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Labora, sí, pero dónde y por cuánto

 

Artículo de opinión del militante de CGT-PV publicado en Levante-EMV.

Antonio Pérez Collado


El Ora et labora, la famosa locución de los monjes benedictinos que vendría a decir «reza y trabaja» les ha salido de carambola a nuestras emprendedoras autoridades valencianas. Si desde hace unos años se viene aplicando la ORA, esa tasa que te cobran por estacionar en la vía pública (aunque ya hayas pagado varios impuestos por tener un vehículo y circular con él) a continuación ha llegado el Labora, nuestro rebautizado servicio autonómico de empleo y formación, para completar la frase de la orden monacal creada por san Benito.

El loable propósito de la Generalitat es hacer este organismo más moderno, ágil y eficaz, a través del cual se ha de facilitar la búsqueda de empleo a las personas en paro; algo que parece no se había logrado por el extinto Servef durante sus 18 años de existencia. Desconocemos lo que va a costar el cambio (rótulos, impresos, programación…) y más aún lo que ha gastado el Gobierno valenciano en campañas conjuntas y subvenciones a sindicatos mayoritarios y patronal para estudios, cursos de formación sobre búsqueda de empleo y otras materias tan enriquecedoras como el saber actuar en una entrevista de trabajo o confeccionar un atractivo currículo. No lo han dicho, pero sumando los sucesivos y costosos planes por el empleo y la formación nos tememos que se han regalado muchos millones de euros; seguramente no tantos como en Andalucía, pero unos cuantos.

Cambiar el organigrama o el logotipo del servicio público para la búsqueda de empleo y la formación de las personas en paro servirá de muy poco, a pesar del interés y profesionalidad de funcionariado adscrito al departamento, si no se cambian también las normas de contratación y las leyes sobre despido. Las sucesivas reformas laborales han precarizado tanto las condiciones de trabajo que cada día es más difícil –por muchos cursillos que se tengan realizados– encontrar empleos dignos y con salarios suficientes para vivir. Si a eso añadimos que desde que en 1994 el Gobierno de Felipe González legalizara las empresas de trabajo temporal (ETT), son éstas las que se han ido quedando con este mercado (para eso son de ambiciosos empresarios) dejando a los servicios públicos las funciones de asesorar y censar al precariado.

En cuanto a la formación, tampoco parece que el modelo de repartir subvenciones a la patronal y los llamados agentes sociales haya servido para poco más que mantener distraídos a los parados y facilitar una vía para financiar de tapadillo a las propias organizaciones que imparten tan variopintos como inútiles cursos.

Puestas así las cosas, pareciera prudente cambiar totalmente de modelo, dejando al sistema público las responsabilidades de la Formación Profesional y los servicios de colocación, al mismo tiempo que se articulan leyes que faciliten largas permanencias en los centros de trabajo, lo que abundaría en mayor conocimiento de los oficios, menos accidentes laborales y, a medida que se consolidan las plantillas, más oportunidades de ir mejorando los salarios y los derechos de los trabajadores. En pleno siglo XXI no creemos que sea preciso orar mucho para poder ejercer el derecho a laborar.

Antonio Pérez Collado

CGT-PV

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