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El ADN del 23-F

 

Artículo de opinión de Rafael Cid

Rafael Cid


“La justicia es igual para todos; las sentencias no”

(El Roto)

Si no fuera una forma de autocomplacencia, podríamos decir que la sentencia del caso Nóos que absuelve  a la Infanta Cristina y libera a Iñaki Urdangarin va a hacer más republicanos que cualquier campaña por la tricolor. Pero la verdad política es que el fallo demuestra que todo lo que toca la Familia Real acaba en metástasis para la sociedad civil. Estamos ante un 23 F judicial. Otro golpe al Estado de Derecho que niega en la práctica la separación de poderes al ser parasitado por la corona. Demostrando que lo hace de la España actual uno de los  países  más corruptos   (mordidas, astillas, comisiones, tráfico de influencias, etc.) y desiguales ante la ley de Europa mana de esa “obediencia debida” a una monarquía que nunca fue refrendada ni deliberada por los españoles.  Decir Borbones a menudo es sinónimo de privilegio, atropello, golfería y desvergüenza. Un cáncer que tiene su propio y escabroso escalafón en diferentes planos superpuestos.

El primer peldaño de esa toxicidad sistémica, está en su vinculación a la jefatura del Estado por decisión omnímoda del anterior dictador, en un acto de reinstauración que alteró el orden dinástico de sucesión. Aquella imposición de la figura del rey Juan Carlos I quebró las raíces democráticas de una oposición que se avino a comulgar con el delfín del Caudillo renunciando a la continuidad republicana violada por el Alzamiento fascista. Una Segunda República de “trabajadores de toda clase” que en 1931 declaró culpable de alta traición a Alfonso XIII, retirándole todas las dignidades, derechos y títulos, “sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”. Sin embargo, durante los debates constitucionales, solo 9 diputados votaron en contra de la monarquía, seis socialistas y tres nacionalistas, mientras entre el bloque postfranquista UCD-AP y el PCE el consenso fue total.

El segundo peldaño es una consecuencia directa de ese pacto contra natura que entronizó a un descendiente directo del monarca que atizó el golpe de Estado del 36 dando lugar a la dictadura más larga y sangrienta que ha conocido España. Y se concreta en la imposibilidad legal de resarcir la memoria de los vencidos y revocar las leyes que sirvieron para condenarles, encarcelarles, torturarles, expropiarles y forzarles al exilio. Porque cualquier derogación en contrario significaría reconocer el principio de  ilegitimidad que sustenta al sistema vigente y la eventualidad de proceder penalmente contra sus máximos exponentes. Rey emérito incluido.

El tercer peldaño nace del carácter constitucional del Rey como Jefe  de los Ejércitos, dejando por tanto el ejercicio legítimo de la fuerza en manos de un órgano no democrático,  y asignándole de facto la misión de velar por la “integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Esa doble atribución está en la base del conflicto que niega a los diferentes pueblos que integran el Estado español la capacidad de decidir libremente sobre su futuro, haciendo inviable una revocación democrática que devuelva la soberanía a sus legítimos titulares.

El cuarto peldaño procede también de los privilegios jurídicos que la vigente Constitución otorga a la persona del Rey en cuanto a su “inviolabilidad” y no estar sujeta a “responsabilidad”. Una exceptio juris que ha alimentado la impunidad en toda una ristra de casos de corrupción a costa del erario público y el descrédito social. Fechorías y bribonadas sin cuento que además han concitado para su comisión el amparo de las instituciones y de la clase política, aumentando exponencialmente la percepción de arbitrariedad y complicidad con los intereses y caprichos de la Familia Real. Por cierto, en línea ascendente y descendente, ya que los familiares del Rey también gozan de cierto “aforamiento” desde la reforma del código penal que promovió el biministro socialista de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch (art 490.3).

Finalmente, el quinto peldaño lo acaba de indexar la Audiencia de Palma el pasado 23 de febrero, con un fallo sobre la trama Nóos que borra las huellas que llevaban otra vez al núcleo cleptómano de la Familia Real. Algo no carente de lógica cortesana, porque nadie escupe donde come, y la Justicia en España “se administra en nombre del Rey” (art.117). Ni uno solo de los multimillonarios sablazos dados por los ex duques de Palma y su banda se habrían podido realizar si los delincuentes no hubieran compartido sangre azul; si no se hubieran utilizado para perpetrarlos recintos del Patrimonio Nacional; si no hubieran estado tutelados por el secretario de la Casa Real, Carlos García Revenga; si el asesor jurídico del entonces Rey Juan Carlos I, conde de Fontao, no hubiera estado al tanto del negocio; si los responsables de los gobiernos autonómicos que cedían al chantaje no hubieran sido motivados por el núcleo duro de la Corona; y si…España fuera realmente una democracia  consolidada y no lo que continuamente traslucen los chanchullos de corrupción inimputables: la finca de recreo de un clan con derecho de pernada.

El 23-F del 2017 es la enésima prueba de que cualquier cambio real pasa por dejar atrás definitivamente el atado y bien atado que la Monarquía surgida del 18 de Julio representa. Romper con ese ADN fundacional se ha convertido en una medida de salud pública. De lo contrario, todos estaremos sentenciados.

Rafael Cid

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