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Desigualdad de oportunidades (autoinflingida)

 

Artículo de opinión de Rafael Cid.

Rafael Cid


El relato de lo políticamente correcto sostiene que el ideal del mundo del trabajo se inscribe en un proyecto de unidad y solidaridad. Y en parte es así en la arquitectura que facilitó aquella Primera Internacional donde confluían todas las familias ideológicas del socialismo motivadas por un ideal emancipador. Desde Marx a Bakunin, por unir lo que la historia ha determinado como antagonistas en la utilización de los medios, autoritarios para el socialismo científico y antiautoritarios para el socialismo libertario. Luego, tras el estallido de la Gran Guerra que militarizó a la clase obrera en los ejércitos nacionales, aquella casa común hibernó.

Desde entonces, el germen de la división y el enfrentamiento habitó entre nosotros. Lo que pasa es que esa perplejidad se trasladó al seno mismo de las organizaciones y a sus miembros. El ethos devino en pathos y ya nunca más hubo un demos capaz de universalizar aquel ilusionante porvenir. Aunque se trate de conjurarlo con soflamas, cada vez es más lo que separa que lo que une. Seguramente porque la realidad social en el primer mundo en este siglo XXI contrasta con las estructuras representativas dadas. Hasta el punto de incorporar en su imaginario vectores antagonistas cuya labor de zapa se manifiesta aquí y allá cada vez con mayor contundencia.

En concreto en el plano laboral conviven distintas sensibilidades. Un primer grupo, el más elocuente, es el formado por los asalariados, gentes que perciben alguna remuneración por sus tareas. Han sido los protagonistas del desarrollo industrial y comercial del siglo XIX y XX. La clase productiva por antonomasia. A su lado, pero desde fuera, están los no asalariados, aquellos que realizan trabajos sin compensación económica. Lo hacen en las faenas caseras, el ámbito de los cuidados, etc. Su desempeño suele correr a cargo de mujeres en mayor medida. De esta manera es frecuente que donde haya un productor-asalariado exista para su sostenimiento una productora-no asalariada. Con lo que la semilla del modelo de explotación-dominación se reproduce en el fuero interno (oikos) de cada trabajador por cuenta ajena.

A continuación tenemos el territorio bidireccional del empleo y del paro. Un espacio concomitante en el que se inscriben los que disponen de trabajo y los que caen en el desempleo involuntario. Unos y otros irresponsablemente, porque son otros, los empresarios y los mercados regulados, los que determinan quiénes son aptos y quiénes excedente. Y como no son compartimentos estancos sino aleatorios, puesto que nadie puede decir de esa agua no beberé, introduce un alto grado de incertidumbre en la convivencia. El factor trabajo se ha convertido así en la única religión a la que creyentes, agnósticos y ateos muestran devoción. Es el paraíso en la tierra al que todo ciudadano aspira y se consagra, también “el opio del pueblo”, la causa suprema de la infelicidad. Tal es su solera que ya forma parte del paisaje cotidiano de nuestra vida. Igual que en el trato habitual nos despedimos con un “adiós” (o sea, hasta vernos en Dios), lo primero que suele preguntarse cuando se conoce a una persona es “en qué trabajas”.

Dentro del conjunto “asalariados” existen subconjuntos de carácter competitivo que también tienen influencia corrosiva en el proceso civilizatorio. Hay uno dictado por la propia dinámica de los oficios, directamente conectado con la tarifación de las habilidades, saberes y competencias. Establece grados y jerarquías, verticaliza las relaciones laborales, tanto a nivel organizativo como en el retributivo. Mandar y obedecer tiene también su registro interno, no es solo un pautado de segregación entre empleadores y empleados. Y un precio, que se concreta en la paga o sueldo. Unos ganan más y otros menos, aunque en el estado anterior, nadie tiene su plaza asegurada a perpetuidad. Es un vaivén sin solución de continuidad, lo llaman ascensor o precipicio social. En la actualidad, esa condición se ha extremado en origen, la precariedad es un endemismo en el mundo del trabajo, con sus múltiples declinaciones paraesclavistas: contratos fijos; temporales; de obra y servicio; subcontratas; y las variantes del autoempleo (autónomos, emprendedores, etc.). Dentro de esta categoría está, albarda sobre albarda, la desigualdad salarial y categorial entre hombres y mujeres en detrimento de estas últimas.

De un conjunto de 18 países europeos, en España es donde se registran más contratos de seis meses o menos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo la población femenina la más afectada. A cambio, la misma OIT consigna que el año 2018 fue el país que tuvo la tasa más baja de paro en una década. Aún hay clases. Pero en el mundo del trabajo también, y sus consecuencias se dejan sentir en los comportamientos empáticos. Hemos visto el caso de los sindicatos de Navantia justificando por razones de fuerza mayor la construcción de fragatas para Arabia Saudita, a pesar del embargo a la venta de armas decretado por la UE y de vulnerar la normativa española en caso de conflictos. Pero también otras actitudes contrarias por edificantes. Como la del comité de empresa de ferrocarriles CAF pidiendo a la dirección que no licite por una línea de tranvía en Jerusalén que conllevaría expropiar tierras palestinas ocupadas por Israel. Y en los dominios de Donald Trump, ahí queda el rechazo de sindicatos, asociaciones y concejales de Nueva York a la construcción de una segunda sede del gigante Amazon, que prometía dar empleo a 50.00 personas, por sus negativos efectos sobre el pequeño comercio y la gentrificación.

La democracia es como montar en bicicleta, hay que practicarla diariamente, si se deja de pedalear se viene abajo. Hay que estimular en la sociedad civil los valores compartidos, humanistas y solidarios. De lo contrario, la presión institucional, mediática y consumista hace prevalecer la condición competitiva y arribista, el darwinismo cainita donde “el hombre es lobo para el hombre”. Todos los días tenemos ejemplos de esa ruindad. Las parejas que deciden anticipar artificialmente el parto, con riesgo para la madre y las criaturas, antes de que se acabe el plazo para beneficiarse del cheque-bebe. O esas personas que ocultan a sus mayores ya muertos para seguir cobrando la pensión del fallecido. Todas estas dramáticas anomalías, posiblemente son realizadas por gente en situación de severa necesidad, pero que si el dominante social fuera otro habrían optado por alternativas más coherentes y saludables. La propaganda por el hecho consiste en la práctica de una ejemplaridad que aísle y repruebe enfoques egoístas, extractivistas y depredadores.

Sin embargo, el terreno más delicado en este aspecto se da en las acciones de defensa de los derechos que se ejecutan voluntariamente de forma unilateral, solipsista y fuera de contexto. En estas ocasiones puede que se produzcan daños colaterales y que lo logrado en el corto plazo tenga un efecto bumerán dilatado en la larga distancia. Es lo que narra la película Louise Michel, la historia de unas obreras que contratan a un asesino profesional para vengarse del jefe de la fábrica que les ha dejado en la calle, encontrándose al final de muchas peripecias que el dueño era de su misma clase: el fondo de pensiones de los empleados de una corporación. Son perspectivas paradójicas, una especie de ruleta rusa donde conviven en simbiosis desigual vencedores con vencidos. Sócrates, el hombre más sabio de Atenas para el Oráculo de Delfos, compartía proyecto vital con su esposa Jantipa, una auténtica arpía. En estos casos la manera de salir airoso es ponerse en el lugar del otro, más allá del círculo vicioso del “nosotros primero” que hace de la economía un odioso tinglado de suma cero donde el ganador se lo lleva todo. Algo de esto sucede con la demanda de “pensiones dignas” centrada exclusivamente en la revaloración salarial que abanderan CCOO, UGT y algunos colectivos de jubilados.

“Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden” ha sido el eslogan de muchas de esas movilizaciones. Pero a la hora de la verdad no se ha cumplido. El último hachazo al sistema público de pensiones viene de dos contrarreformas realizadas durante la crisis. La efectuada por el ejecutivo socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y la del Partido Popular de Mariano Rajoy en 2013. Ambas con el mismo propósito, abaratar las percepciones, pero con distinta incidencia. La primera consiste en un cambio estructural de amplio espectro. Eleva la edad de jubilación, agrava el umbral para poder recibir la prestación y aumenta el cómputo de años cotizados para tener derecho al cien por cien. La segunda introdujo un factor de sostenibilidad en razón de la esperanza de vida que desvinculaba la actualización de las pensiones según el IPC, lo que significaba perder capacidad adquisitiva con el paso del tiempo.

La de 2011 fue cumplidamente consensuada por CCOO, UGT y la CEOE, y aprobada con los votos del PSOE y CiU. Su defensa corrió a cargo del ministro de Trabajo Valeriano Gómez, que pocas semanas antes y como dirigente ugetista había encabezado la manifestación de la huelga general contra la reforma laboral. La del 2013 fue impuesta por el rodillo de la mayoría absoluta del PP en el Congreso, aunque en 2018 quedó sin efecto debido al pacto presupuestario con el PNV. Sobre esta última se ha focalizado mayoritariamente las protestas de jubilados y sindicatos, reclamando el blindaje de las pensiones con el incremento del coste de la vida. Exigencia que dio como resultado que el gobierno de Pedro Sánchez ampliara la moratoria al 2019 (Real Decreto 28/2018, de 29 de diciembre) y dejara la resolución del conflicto a lo que se acordara en las reuniones del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria creada en 1995 para gestionar lo referido al sistema público de pensiones. Eso en su literalidad, porque del análisis de las dos retro-reformas salen otras conclusiones. A saber:

-La reforma del PP afecta a los pensionistas de hoy, la del PSOE a los pensionistas futuros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) prevé que en 2025 la media de las prestaciones serán un 15% menor que en 2011, cuando entró en vigor la reforma pactada entre el ejecutivo socialista, sindicatos y patronal.

-La reforma del PP se ha visto modificada ya en dos ocasiones para volver a indexarla al IPC: una por motivos partidarios (apoyo del PNV a los presupuestos de 2018) y otra por la presión de la calle al gobierno del PSOE en 2019.

-Revertir la medida del PP que desvinculaba el cobro de las pensiones del IPC sin cambiar el ajuste estructural del PSOE supone empeorar y devaluar las pensiones que tendrán esos cotizantes cuando se jubilen.

-La unilateralidad en la lucha por unas pensiones dignas (combatir la reforma del PP y admitir la del PSOE) rompe el principio de reparto en que se funda el actual sistema público de pensiones.

-La fractura generacional creada por esa discriminación en la base supone en la práctica consolidar una desigualdad de oportunidades desde el momento en que son los actuales trabajadores, futuros perjudicados, quienes pagan las cotizaciones de las pensiones que hoy disfrutan los pensionistas.

-Finalmente, y como factor añadido, hay que tener en cuenta que dada la crisis financiera que padece el sistema, la revalorización de las pensiones actuales con el IPC conllevara un aumento de deuda pública que habrán de sufragar los generaciones venideras con recortes y ajustes sobre sus niveles de vida.

A todo esto, alguien podrá decir con toda razón que el hecho cierto del aumento de la esperanza de vida gravita negativamente sobre la estructura de la seguridad social, establecida en momentos en que esa coyuntura era distinta. Se trata, ciertamente, de un argumento consistente, pero que al mismo tiempo encierra un sofisma. Aceptarlo sin más significa plegarse al modelo realmente existente y pasar de la condición de sujeto a objeto. Precisamente lo que pediría un proyecto humanista y progresista sería desbordar ese límite poniéndole en valor. Y ese marco de referencia tiene que ver con el factor “productividad”, alfa y omega de la economía neoliberal que gobierna hoy el planeta. Parece lógico y hasta necesario que en el centenario de la instauración de la jornada laboral de 8 horas, gracias a la contundente huelga de los obreros cenetistas de La Canadiense, la capacidad del aparato productivo técnico científico esté a años luz de la que existía en aquel 1919 que consagró el modelo vigente. ¿Entonces por qué mantener el mismo régimen laboral? ¿Por qué alargar la edad de jubilación de los mayores a costa de taponar el acceso al mercado del trabajo de los jóvenes en condiciones cada vez más precarias? ¿Por qué cebar la insolidaridad generacional cuando fue precisamente el apoyo mutuo indiscriminado lo que hizo avanzar el mundo del trabajo?

Esas son cuestiones que tienen que debatir no solo los trabajadores, activos y pasivos, sino la entera sociedad si queremos salir del círculo cerrado de la uberización establecida. El tantas veces y por tantos celebrado economista John Maynard Keynes sostuvo en los años treinta del pasado siglo que la economía podía funcionar a todo gas con solo 15 horas de trabajo humano a la semana. Lo que quiere decir que el problema es de orden político. Hablamos de solidaridad y de ética civil. No es verdad que como se atribuye a Rousseau que todos los hombres nazcan libres e iguales y luego la sociedad los corrompe. Las personas asoman a la vida en un entorno ya dado, que condicionará mejor o peor su desarrollo. Somos seres históricos. Por eso, desde una percepción libertaria de la existencia, tenemos el deber moral de dejar este único mundo que disfrutamos en mejores condiciones de lo que le encontramos. No hay libertad sin responsabilidad. Ni ética sin estética.

Rafael Cid

(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Marzo de Rojo y Negro).

 

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