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Cosidó destapa la trama inquisitorial contra el procés

 

Artículo de opinión de Rafael Cid

Rafael Cid


Serendipia, ya se sabe, la viagra que descubrimos cuando se buscaba otra cosa. Un ¡eureka! insospechado que en política suele presentarse en forma de autogol con beneficio para el contrario. Esa metedura de pata autoinfligida que permite sacar ventaja al adversario sin necesidad de correr el menor riesgo. Tal es lo que acaba de hacer el portavoz del Partido Popular (PP) en el senado, Ignacio Cosidó, mediante el wasap enviado a sus conmilitones con el tenor literal “controlaremos la Sala Segunda desde detrás”.

Se refería el aludido a las maniobras del bipartidismo dinástico hegemónico PP y PSOE para repartirse el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y que, a pesar de haber dejado la mayoría de los vocales para los socialistas, con la previa designación del Manuel Marchena al frente del órgano, y de soslayo del propio Tribunal Supremo, los de Casado mangonearían a los miembros de esa jurisdicción penal. Precisamente la instancia encargada de juzgar a la clase política.

En una palabra, con una desvergüenza que solo cabe imaginar en un ceporro de tomo y lomo, lo que el jefe de filas del PP en la Cámara Alta venía a decir es que el “juicio del procés” estaba atado y bien atado. Ni imparcialidad, ni transparencia, ni independencia judicial. Quien osa cuestionar la sagrada unidad de la patria va condenado de antemano. Que es tanto como constatar que no hay separación de poderes ni por tanto verdadera Constitución. Eso, en las circunstancias actuales, es un reconocimiento palmario de que en el Régimen del 78, tras cuarenta años de ejercicio, hay presos políticos y políticos presos, por ese orden de presentación.

Algo que hemos barruntado siempre desde el momento que la transición se configuró como un continuismo en las personas que dirigían las instituciones de la dictadura, previa autoamnistía, y una performance de ruptura respecto a la forma de Estado. La reactivación del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo bajo el formato de Audiencia Nacional (AN), con jurisdicción en todo el país y con la excusa de persecución de los delitos de terrorismo, fue una de sus gestas más celebradas. Hasta que llegó el procés y su democrático derecho a decidir sin rastro de violencia y con la actividad de ETA fuera del radar de los poderes fácticos.

Afortunadamente estamos en la Unión Europea, y entre sus muchos defectos, no figura el de la grosera y sistemática instrumentalización de la justicia. Porque lo que Cosidó ha facilitado con su melonada es la victoria senderípica de los presos políticos catalanes y de paso el relanzamiento de sus justas propuestas autodeterminacionistas. Si antes abundaban los indicios, ahora resulta una flagrante evidencia que Junqueras, los Jordis, Forcadell y demás acusados sufren un procedimiento inquisitorial. No tendrán un juicio justo y si una sentencia predeterminada. Lo que ya se traslucía de los varapalos que recibían las requisitorias de la justicia española ante los tribunales europeos.

Llueve sobre mojado. Hace pocas semanas el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por el juicio sin garantías a Alnaldo Otegi, por un fallo autocumplido en los términos en que se produjo durante la vista en la AN la magistrada-presidenta Ángela Murillo. Esa será la senda que recorrerá en su día la causa del procés cuando llegue a la jurisdicción europea de última instancia, habida cuenta los chanchullos que el tándem PP-PSOE han perpetrado para controlar al poder judicial. Desde el escándalo de las hipotecas, y la solución salomónica de Sánchez para confirmar la no retroactividad del impuesto saqueado, al bananero wasap de Cosidó, pasando por esas escenas de caza en la judicatura que supone el acoso y derribo al órgano de gobierno de los jueces, con la complacencia de muchos de ellos. Y para que todo quede en casa, la justicia se administra en nombre del Rey.

Rafael Cid

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