Artículo de opinión de Rafael Cid
Lo han dicho y repetido hasta la saciedad. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasca. En todas y cada una de las declaraciones que han efectuado. Inmediatamente después, y a renglón seguido, de unas comparecencias que comenzaban indefectiblemente elogiando la “abnegada” actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El famoso concierto, proporcional y moderado, entre mossos y policía, más allá de que unos y otros utilizaran distinto material antidisturbios.
Lo han dicho y repetido hasta la saciedad. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasca. En todas y cada una de las declaraciones que han efectuado. Inmediatamente después, y a renglón seguido, de unas comparecencias que comenzaban indefectiblemente elogiando la “abnegada” actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El famoso concierto, proporcional y moderado, entre mossos y policía, más allá de que unos y otros utilizaran distinto material antidisturbios. La policía nacional con arsenal de pelotas de goma expresamente prohibido por el Parlament de Catalunya, zapeando lo legislado por la cámara de representación de todos los catalanes (independentistas o unionistas). La consigna era siempre la misma: lo ocurrido en Barcelona durante la última semana es un asunto de “Orden Público”.
Con este mensaje las autoridades del Estado buscaban trasladar a una opinión pública abocada a constituirse en cuerpo electoral en unas semanas que los hechos producidos en la capital catalana son de índole exclusivamente delictivo. “Algaradas incendiarias”, ha dicho la portavoz del Gobierno Isabel Celaá, siguiendo la vieja tradición tremendista del conservadurismo español de todos los tiempos. Ya Franco calificó los disturbios estudiantiles de 1956 como cosa de “jaraneros y alborotadores”, y Aznar nos ilustró con aquello de “Ladran su rencor por las esquinas” para tachar las protestas desencadenadas por la tragedia del Prestige. Medio y mensaje trabados, más allá de las ideologías y de las épocas para criminalizar a todo lo que suponga oposición social al statu quo. La Transición como un Imaginario autoritario que no cesa.
Así connotado, para el Ejecutivo socialista (¡qué dominio de idiomas el de sus ministros explicando al mundo que España sigue siendo una democracia!: excusatio non petita…); la mayor parte de los partidos políticos (a derecha e izquierda); los mudos sindicatos institucionales; los medios de comunicación públicos (más gubernamentales que nunca) y privados; y la inmensa cofradía de periodistas, analistas y comentaristas políticos, lo acontecido ha sido obra de la chusma. Y para demostrarlo se han exhibido con todo lujo de detalles las armas de destrucción masiva empleadas contra los agentes. Clímax que ha llevado al director general del diario Público a llamar hijos de puta a los provocadores; al también progresista diario El País a mostrar en un titular-wanted “Los 2.000 jóvenes que tratan de sembrar el casos cada noche en Barcelona”; y al policía mayor del Reino, el magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia Grande-Marlasca, que las informaciones sobre ciudadanos con perdida de visión de un ojo por el impacto de los disparos eran campañas de desinformación, fake news.
No existe problema político alguno, ni fractura social, solo “episodios de violencia” y “manifestaciones tumultuarias”. Como sostiene la sentencia mordaza fallada por unanimidad por el Tribunal Supremo (TS), que sin embargo ha servido para condenar a casi un total de cien años de cárcel por delitos de sedición y malversación a representantes electos del pueblo catalán y portavoces de organizaciones de la sociedad civil. O sea, al demos constituyente movilizado en favor de su pleno autogobierno de manera pacífica y democrática. Por eso, tranquilidad y buenos alimentos. Que siga la fiesta en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, y que nada perturbe la presencia de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en la entrega del Planeta a un hagiógrafo del régimen del 78 en las noches de las barricadas, porque solo son chusma. Como mucho, y puesto que la importante es llegar bien posicionado al 10-N, hay que exigir al President Torra que condene sin miramientos la violencia endosándosela a los CDR antes de empezar a hablar. Lo mismo, pero más pestilente, que lo que piden al PSOE, Casado, Rivera y Abascal en Navarra con Bildu.
Albarda sobre albarda, al Gobierno le pasa como en la maldición del proverbio chino: se están cumpliendo sus más íntimos deseos. Ha conseguido que mucha buena gente, acunada por las loas superlativas a los uniformados y con el miedo en el cuerpo por el tremebundo despliegue de las retransmisiones televisivas en la “ciutat cremada”, sin más matices ni reflexiones críticas, que todo se reduzca a un problema de Orden Público. Precisamente el concepto metajurídico que sirvió al franquismo (Ley de Orden Público de 1959: en la actualidad no existe ninguna ley bajo ese rubro) para reprimir sin contemplaciones la protesta democrática. Lo mismo que, en consecuencia, llevó a crear en 1977 la jurisdicción ad hoc del Tribunal de Orden Público (TOP) para juzgar delitos políticos. El baremo, en fin, que ha servido a la Sala Segunda del TS para condenar por unanimidad a representantes electos y dirigentes de la sociedad civil por los delitos de sedición, reos de “episodios de violencia” y “manifestaciones tumultuarias”.
La Constitución de 1978 sustituyó el concepto de Orden Público, concebido como atributo del poder durante la dictadura en beneficio de las clases y elites dominantes, por el de Seguridad, entendido como derecho fundamental de las personas El Orden Público viene impuesto por los poderes; el de Seguridad es un derecho individual y colectivo. Quizá por eso, el sinuoso Grande-Marlasca tuvo a bien recordarnos, citando a Max Weber de oídas, que “el Estado posee el uso legítimo de la violencia”. ¿El Estado son ellos?
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
