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Cero en conducta

 

Artículo de opinión de Rafael Cid.

Rafael Cid


<<La mayor parte de los hombres se conducen

según los principios en los cuales se han criado>>

(Isócrates)

Desde Hobbes, pasando por Rousseau y Locke, y llegando en los tiempos modernos a Rawls con su teoría del <<velo de la ignorancia>>, todos los contractualistas que han discernido sobre el mejor método para conformar una << sociedad bien organizada>> han partido del supuesto   asertivo de <<entre libres e iguales>>. Luego, en la práctica del cómo y el para qué, fines y medios, las cosas divergían. La cuestión palpitante residía en la estructura de la <<ciudadanía>>, reservorio de valores políticos, civiles, sociales y morales donde se asienta la democracia con toda su densa polisemia. Y en ese contexto, el epicentro siempre ha estado en la educación, que hoy ha dejado de ser solo instrucción pública para trascender a un archipiélago institucional donde caben y compiten, caso del modelo vigente, lo público, lo privado y lo subvencionado.

El estruendo levantado por el intento de Vox de imponer el <<pin parental>> (neandertal, dicen con sorna los tuiteros), ergo  veto de los progenitores, en la enseñanza de la Comunidad de Murcia, demuestra hasta qué punto el adoctrinamiento generacional es un oscuro objeto de deseo de todo proselitismo ideológico que se precie. La prevalencia de un sistema formativo heredero de la tradición nacional-católica explicaría en alguna medida la resiliencia que tienen en España los ideales conservadores, incluso entre las clases populares que ahora mismo nutren posiciones retrogradas como la que lidera Santiago Abascal. Una educación sin verdadera ciudadanía.

Sin embargo, poco sacaremos en claro de semejante toma y daca si nos hocicamos exclusivamente en la rebatiña desatada. Sin duda, cierta en cuanto al intento de la  extrema derecha rampante por colar sus rancios mensajes en el imaginario juvenil. Pero también debe considerarse el aspecto frentista y maniqueo en que está derivando la trifulca partidista en los últimos tiempos. Tocado pero no hundido el bipartidismo dinástico hegemónico, los contendientes en las instituciones priman su estrategia en mostrar las vergüenzas del adversario antes que en hacer política con mayúscula. Una autentica factoría de efectos especiales en permanente vigilia (lo que antes se llamaba <<comunicación de crisis>>), que utilizan tanto PSOE como PP, anteayer fruncidos en el consenso, para disimular que sus dinámicas están severamente condicionadas por los intereses de ERC y Vox, respectivamente, sus compañeros de viaje.

Para encontrar el epicentro del debate sobre la educación en España hay que remontarse a su alfaguara. Y el origen radica en los acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede (sic). Lo que se conoce como Concordato con el Vaticano, son sendos pactos de 1976 y 1979 que recogen en lo sustancial lo ya suscrito al respecto por la dictadura de Franco en 1953. Ese documento, una suerte de privilegio otorgado por el Estado a la iglesia católica, nunca derogado por ningún gobierno hasta la fecha, contiene las líneas maestras sobre las que ha discurrido la política de la enseñanza no universitaria desde la transición. Porque si el acuerdo rubricado dos años antes de la aprobación de la Constitución era un perfecto esperpento que decía mucho de dónde veníamos (adjudica al Rey el nombramiento del vicario castrense con graduación de general de división), el suscrito inmediatamente después proclama sin disimulo hacía dónde nos dirigíamos.

Así, su artículo I establece:<<A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetara el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana>>.  Una diana que se había visto casi milimétricamente reflejada en la Carta Magna de 1978, cuyo artículo 27, punto 3, referido al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, consigna:<<Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones>>. Si no fuera porque el término <<cristiana>> que figura en el Concordato no está en el párrafo de la Constitución (aconfesional), y que esta fue publicada en el BOE solo 5 días antes de ratificarse aquel, parecería un <<corta y pega>> de uno en otra.

En este doble vínculo, interpretado al arbitrio de los intereses ideológicos de los diferentes gobiernos habidos hasta la fecha, hay que visionar los vaivenes que ha sufrido nuestra gestión educativa. Con la derecha en el poder, la religión figura en el expediente académico (LOCE 2002 y LOMCE 2013) y cuando le llega el turno a la izquierda aparece regulada únicamente como asignatura voluntaria (LOGSE 1990 y LOE 2006). En la actualidad, y hasta que sea derogada en cumplimiento del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos, está vigente la LOMCE, más conocida como <<Ley Wert>>, la norma más permisiva con las demandas de la Conferencia Episcopal. Hoy la asignatura de religión no solo consta en el currículo sino que además computa para becas. No satisfechos con esta arremetida, los ultras de VOX, forzando las prerrogativas que la C.E. da los padres de los alumnos, pretenden condicionar los contenidos de las materias alternativas (Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en ESO) para tener la catequesis creacionista atada y bien atada.

Un conflicto imaginario porque como han reconocido los presidentes de la Comunidad de Murcia y de Madrid no existe demanda social en contra de la impartición de dichas enseñanzas. Algo lógico si se tiene en cuenta que en los centros públicos el Consejo Escolar (CE), donde están representados los padres de los estudiantes, entre otras funciones, cumple con la misión de monitorizar todo lo concerniente a estas actividades complementarias. No ocurre así en los privados y en los concertados que disfrutan ayudas públicas para ayudar a su sostenimiento, donde todo se fía a la explicitación del ideario de la escuela, en mayor medida propiedad de instituciones religiosas. El importe de la subvención a la concertada en 2017 se elevó a 6.179 millones de euros, el 17,7% del total, y atendía a cerca de 2 millones de alumnos, uno de cada cuatro escolarizados.

Por si fuera poco, esta transferencia de recursos públicos a la concertada en ocasiones sirve para agrandar la brecha social, cultural y mental entre los jóvenes. De un lado porque en algunas escuelas se practica la discriminación en las aulas por razón de sexo, contrariando la exigencia constitucional de no discriminación. Y de otro porque en estos colegios de titularidad privada está extendido el vicio del cobro de extras (<<aportaciones voluntarias>> o cuotas), dificultando el acceso a los mismos de la población más desfavorecida. Todo ello contribuye a erosionar el principio nivelador que la constitución otorga a la enseñanza para <<el pleno desarrollo de la personalidad humana>>. Prestigiosos estudios, como el Informe PISA sobre el nivel la educación en España, constatan la importancia creciente del entorno familiar y del nivel de renta de los padres en el rendimiento de los alumnos, esbozando claras fronteras entre el mejor aprovechamiento en los estudios de los alumnos procedentes del medio urbano respecto al rural, y entre los de familias acomodadas y los de clases con recursos escasos. La dualización social que domina la vida adulta comienza a construirse mental y materialmente en la etapa escolar.

Rafael Cid

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