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Adoctrinamiento ideológico con dineros públicos

 

Artículo de opinión de Rafael Fenoy Rico

Rafael Fenoy Rico


Parece natural, lógico, ¡Vamos, de toda la vida! Y sin embargo, ni es lógico, ni es natural. Es una aberración que con dinero de todos los españoles se financien instituciones que atienden educativamente a la infancia y la juventud ideologizándolas en un determinado credo. Las Religiones, así como las ideologías políticas y adoctrinamiento de cualquier tipo, deben ser financiados con dineros privados. No deben ser financiadas con dineros públicos recaudados a todas las personas independientemente de sus creencias.

Con lo afirmado  no se pone en cuestión la bondad de ningún  credo o ideología en ningún momento. No se trata de “atacar” las creencias, ni la fe de las personas, ya que en una sociedad democrática, son legítimas en la medida que aceptan como guía los derechos humanos. Cualquier credo o ideología que predique la exclusión, la estigmatización, la persecución de cualquier persona se encontrará fuera de la carta de los derechos humanos: “Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Por lo tanto, cuando se reclama que todos los centros sostenidos con dineros públicos sean de titularidad pública, es decir, la desaparición de los centros concertados, en modo alguno se rechaza la fe o ideología de ninguna persona, ni por supuesto de las organizaciones, iglesias, asociaciones que estas formen. La libertad de esas personas para mantener y difundir, mediante sus medios, aquello que creen es un derecho que deben ejercer, y todos proteger, sin  limitación alguna. Otro asunto es que el derecho a difundir su fe u ideología pretendan hacerlo con el dinero de todas las personas, aunque no crean. Dos planos que se mezclan intencionadamente para desvirtuar el asunto de fondo.

Es muy importante no confundir el derecho a hacer algo, con el pretendido derecho a que eso se pague con dinero público, el aportado por toda la gente. Ya que al mezclarse interesadamente se pretende confundir el derecho a creer con el derecho a ser subvencionado para difundir esa creencia.

Quienes pretenden mantener los conciertos educativos hacen creer que se “ataca” a la religión a las conciencias, al derecho a educar en la fe correspondiente. Nada más lejos de ello. Quienes reclaman la titularidad pública de todos los centros educativos sostenidos con dineros públicos o exigen que las ideologías o religiones no formen parte de los currículums oficiales (obligatorios y comunes para todas las niñas y niños), no están en contra del sentido religioso de  la vida, que algunas personas profesan. Ni menos contra las ideas o creencias en torno a temas de primera importancia social ligados en gran medida al ejercicio de las libertades personales y colectivas, en campos como la salud, la justicia, el derecho, la ciencia, el trabajo, la orientación sexual  de género…

Estos días las patronales de las “escuelas concertadas”, están desarrollando, a fuerza de dineros, campañas mediáticas donde se mezclan estos dos planos. Se enarbola un pretendido derecho constitucional a la elección de centro, y la constitución en su artículo 27 dice lo que dice: En su punto 1. “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.  ¿Qué significa esto? Que dentro de los principios inspiradores de la propia constitución cualquier persona o institución puede dedicarse a la enseñanza. Esto viene a cuento entre otros antecedentes porque en la historia de este país se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas.  Esto se remacha en el punto 6. Cuando se afirma que “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales” En su punto 3 dice lo siguiente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que  asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Esto supone que se removerá cualquier obstáculo que impida que los padres eduquen a sus hijas e hijos en los valores que ellos tengan. Evidentemente estos valores no pueden ser contrarios a los principios de la propia constitución.  Por último el punto 9 concreta que: “Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”.

¿Dónde aparece el derecho de unos padres a que el Estado pague la escuela privada que ellos eligen?  La cuestión es sencilla cuando se dineros se trata. Y es evidente  que debe existir la libertad de escoger el colegio que se desee, pero que el  que se elija  lo pague otro, en este caso el Estado con el dinero de los demás, parece una tomadura de pelo, una cara dura impresionante. 

Hay quienes dicen y con razón que también pagan impuestos y que deben, de alguna manera, recibir la parte de servicios públicos que les corresponda. Y evidentemente ya lo reciben con la oferta de centros de titularidad pública. Llevado este asunto al terreno del sistema sanitario encontramos que  el único sistema público de salud es sostenido con fondos públicos y aquellas familias que quieren otras opciones se lo pagan de su bolsillo. Porque el pagar impuestos da derecho a recibir la atención médica publica y no otra cosa. ¿Quién impide que cada cual se haga los seguros privados de salud que desee? ¡Pues eso!  Como el asunto se las trae, sería de agradecer no sacar las frases de este contexto de respeto máximo al derecho a creer libremente, dentro de los valores de la carta de derechos humanos, y poder difundir estas creencias con los medios privados que se tengan.

Otras cuestiones asociadas a este debate también enmarañan el mismo. Por ejemplo que ocurriría al personas de los centros concertados si estos dejaran de serlo, si estos dejaran de recibir dineros públicos. Por cierto dineros públicos sin control público alguno, por ejemplo en la contratación del personal. Entre las posibles soluciones una parece más que razonable: aquellos que están se quedan, integrándose en la red de titularidad pública. Dicho esto que requeriría mayor abundamiento, conviene reseñarlo para que este aspecto importante, laboralmente hablando, no emborrone el debate de fondo que no es otro que con dineros de todos no se puede seguir ideologizando o adoctrinando  a la infancia ni a la juventud en instituciones a las que por obligación legal deben asistir. Quienes deseen otra opción diferente a la oferta de centros de titularidad pública que se lo pague.

Rafael Fenoy Rico

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