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CÁRCELES Y MUJERES “Es fundamental profundizar en una crítica feminista de la prisión” (Bueno Aires)

 
(Por Lucía Pérez Rivera/ Notas, periodismo popular) Días atrás se presentó el informe elaborado por el Proyecto de Extensión e Interés Social “La perspectiva de género en contextos de encierro: el acceso de las mujeres privadas de libertad a la Ley N º 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” de la Universidad Nacional del Litoral. La cita tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha Universidad. Desde Notas dialogamos con dos integrantes del proyecto:Natacha Guala – abogada que forma parte del Programa “Delito y Sociedad” (UNL) y militante de Mala Junta- Patria Grande- y María Paula Spina, abogada, integrante del Programa “Género, Universidad y Sociedad” (UNL).

- ¿De qué trata el informe presentado en la UNL?
– El informe da cuenta de algunas problemáticas específicas del encarcelamiento de mujeres, especialmente aquellas que se vinculan al mantenimiento de los vínculos con sus hijos e hijas.

El hecho de que socialmente las tareas de cuidado y crianza sean asignadas de forma prácticamente exclusiva a las mujeres, hace que su detención impacte fuertemente en la vida de sus grupos familiares, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres detenidas se encuentran al frente de hogares monoparentales, sosteniéndolos tanto afectiva como económicamente.



 

  • Mujeres

Esto incluye diversas situaciones: por un lado, la situación de los niños menores de cuatro años que de acuerdo a la legislación vigente en Argentina pueden vivir con sus madres en la prisión – lo que tiene toda una serie de problemáticas asociadas al contexto en el cual esos niños deben desarrollarse- así como también la situación de aquellos niños que permanecen fuera de la prisión, viendo interrumpida la convivencia familiar.

Por otra parte, el informe analiza las dificultades que las mujeres enfrentan para acceder al arresto domiciliario – modalidad de cumplimiento de la pena prevista especialmente para estos casos y reconocida en diversos instrumentos de derechos humanos-, así como también para sostenerlo una vez otorgado.
Está basado en ocho casos de mujeres que se encuentran en condiciones de acceder al arresto domiciliario y están actualmente detenidas en la cárcel de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, esta problemática afecta a muchas otras mujeres y niños en la provincia y en el país, por lo que consideramos que se trata de un problema estructural del encarcelamiento de mujeres y que debe instalarse en la agenda política pública.

 

- ¿Cómo surgió ésta iniciativa?
– Surge en el marco del proceso de formulación de un proyecto de extensión propuesto conjuntamente por los Programas “Delito y Sociedad” y “Género, Universidad y Sociedad” de la UNL, a desarrollarse en la cárcel de mujeres de la ciudad, en el que rápidamente emergió como una situación grave y preocupante los casos de mujeres detenidas en el establecimiento con sus hijos.
Nos reunimos con esas mujeres en la cárcel, así como con aquellas que están en condiciones de solicitar el arresto domiciliario por tener hijos menores de cinco años. Nos contaron sus historias, describieron su situación personal y familiar, y proyectaron sus deseos e intereses a futuro; además hablamos en profundidad sobre el impacto que tiene para los niños y adolescentes el encarcelamiento como así también la separación producto de su detención.

 

- ¿Cuáles son las primeras conclusiones que sacaron a partir de la investigación?
– Las conclusiones que obtuvimos en este primer informe tienen que ver con la detección de los problemas que se combinan para producir la situación en que se encuentran estas mujeres y niños hoy, así como también con la falta de mecanismos de acompañamiento y atención específicos.

En el caso de los niños que se encuentran con sus madres en la cárcel es notoria la ausencia de dispositivos de niñez que puedan reducir el daño que implica desarrollarse en un contexto como el penitenciario. Sin espacios verdes ni de recreación, con muchas dificultades para acceder a los jardines maternales, sujetos al mismo régimen carcelario que sus madres y expuestos a situaciones de violencia y tensión diarios, estos niños dependen de que exista un grupo familiar o red afectiva que pueda contenerlos, sacarlos de la cárcel algunos días, llevarlos al médico, etc. En los casos en que esa contención no puede garantizarse desde las familias, dependen de la buena voluntad del servicio penitenciario, que en un marco de escasez de recursos y vacío legal sobre estas situaciones, muchas veces no puede dar una respuesta adecuada.

Asimismo, el hecho de que las mujeres deban permanecer al cuidado de sus hijos las 24 horas impide que desarrollen las actividades laborales que, con todas las limitaciones existentes, les permiten contar con un ingreso económico para hacer frente a sus necesidades.

En la mayoría de los casos, los niños que quedan fuera de la prisión acaban siendo separados entre sí, perdiendo el contacto no sólo con sus madres sino también con el resto de su familia. El mantenimiento del vínculo parental desde la cárcel enfrenta muchos obstáculos que causan angustia tanto en las mujeres como en los niños. Las dificultades para que puedan visitar a sus madres en la cárcel con regularidad, en general vinculadas a la falta de medios económicos para el transporte desde localidades en el interior de la provincia o barrios alejados de la ciudad, implica que esos lazos se degraden. En algunos casos los chicos acaban siendo institucionalizados y el vínculo se pierde totalmente.

Por otra parte, hay muchas dificultades para acceder a la prisión domiciliaria. La excesiva demora judicial para responder a los pedidos realizados, así como la imposición de requisitos extralegales – pedidos de informes, pareceres e profesionales, etc.- se traducen en una falta de acceso a la justicia que vulnera los estándares normativos vigentes en la materia. En este sentido nos encontramos con mujeres que hace años esperan la resolución de su solicitud, habiendo transitado su embarazo y parto dentro de la prisión.

También detectamos la utilización de estereotipos sexistas relativos a la “mala madre” o “mala mujer”, en los que diferentes actores judiciales fundamentan la negativa a otorgar el arresto domiciliario en valoraciones morales respecto a relación a supuestos comportamientos previos de las mujeres. El doble castigo que se les impone a las mujeres detenidas se torna aquí evidente.

Finalmente nos encontramos con mujeres que habían accedido al arresto domiciliario pero habían enfrentado diversos obstáculos para poder sostenerlo. En líneas generales esos obstáculos evidencian una trama compleja de desigualdades y violencias que afectan a las mujeres. Centralmente nos referimos a la falta de acceso al trabajo y la vivienda como ejes fundamentales para que la prisión domiciliaria sea efectivamente una alternativa viable al encarcelamiento.

 

- ¿Qué perspectivas ven en los problemas y desafíos con los que se encontraron?
– El informe da cuenta de una situación sumamente grave, vulneratoria de los derechos humanos de mujeres y niños y que es estructural al sistema carcelario.
Las diferentes aristas de esta problemática revelan su complejidad y la necesidad de desarrollar políticas públicas de carácter integral, coordinadas entre las distintas agencias con responsabilidades en la materia

Se trata de una situación muy invisibilizada y que creemos debe instalarse en la agenda política tanto del Estado como de los movimientos sociales vinculados a los derechos de las mujeres y los niños. En este sentido pensamos que es fundamental profundizar en una crítica feminista de la prisión, que nos permita avanzar en el desmantelamiento de la cárcel como un espacio productor de seguridad social.

 

Lucía Pérez Rivera – @LuPerezRivera

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