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El defensor del pueblo estudia inconstitucionalidad en la no convocatoria de oposiciones

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACEPTA A TRAMITE LA SOLICITUD DE CGT PARA QUE INTERPONGA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD AL REAL DECRETO LEY 20-2011 DE 30 DICIEMBRE.-

Esta solicitud se sostiene en lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 2 /1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ya que CGT entiende que el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público es inconstitucional.

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A modo de introducción CGT entiende que el mencionado Real Decreto, que dice justificarse en la reducción del déficit pretendiendo corregir el deterioro sufrido en las finanzas públicas y con el objetivo de reestablecer la confianza de los mercados. En realidad, mientras los responsables directos de la crisis siguen repartiendo dividendos y beneficios, son los trabajadores y trabajadores, en este caso los del sector público los que sufren los recortes de derechos laborales. No está de más recordar en este apartado que en el Estado Español el número de empleados del sector público se encuentra por debajo de otros países de la zona euro que han presionado al gobierno para la adopción de tales medidas. El número de empleados del sector público español supone un 13% del conjunto de población activa frente al 14,5% alemán y 25% francés y sueco. Este nuevo Real Decreto, conlleva otro grave retroceso en las condiciones laborales de los empleados públicos estableciendo a estos trabajadores como culpable de esta crisis y tratando de enfrentarlos al resto de asalariados, potenciando la temporalidad y la precarización en su seno.

En síntesis CGT entiende que los aspectos inconstitucionales e ilegales de la norma se sostienen que estas medidas podría vulnerar lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público ( EBEP), donde se establece que los funcionarios interinos son nombrados entre otras razones cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. En el mismo artículo 10 en su apartado cuarto se establece que las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente . Ello hay que conectarlo con el artículo 70.2 del EBEP que impone que se apruebe la oferta público de empleo anualmente. Por lo tanto, puede ser jurídicamente complicado mantener los puestos de trabajo interinos para el 2013, si estos no han sido ofertados en la oferta de empleo correspondiente. Otra medida del RDL 20/2011 es la relativa a las retribuciones de los empleados públicos.

Estas medidas han podido vulnerar con entre otros los siguientes derechos del Título I de la Constitución Española: -Falta de presupuesto habilitante para la aprobación del Real decreto ley, al no concurrir una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”, infracción del Art. 86.1 de la CE. -Afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos en el Título I de la CE. -Vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos de los artículos 14, 9.1 y 9.3 de la CE.

Igualmente se vulnera el derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva, ya que este derecho no tiene exclusivamente una dimensión legal, sino que por una parte es objeto de reconocimiento expreso por la constitución en su artículo 37, del que se deriva tanto la garantía de una libertad negocial como la existencia de un mandato al legislador para establecer un sistema eficaz de negociación y, del mismo modo, constituye una manifestación de la libertad sindical reconocida en el Art. 28 de la Constitución. Por tanto el derecho a la negociación colectiva forma parte del contenido esencial de la libertad sindical porque la negociación colectiva es un medio necesario para el ejercicio de la acción sindical que reconocen los Art. 7 y 28 de la CE

CGT entiende igualmente que este Real Decreto vulnera el principio de confianza legítima, consagrado por el artículo 3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Ya que este principio resulta lesionado en aquellos casos en que los poderes públicos realizan una serie de actuaciones a las que en principio se debe suponer una cierta estabilidad y se produce sin embargo, de forma drástica y sorpresiva, un cambio de rumbo que afecta a dichas actuaciones; cuando además las previas actuaciones de los poderes públicos han generado en los afectados la legítima y racional creencia en el mantenimiento de una determinada situación, a la que han acomodado además su vida económica, social y familiar. Por último la falta de presupuesto habilitante en el Real Decreto no se ajusta a lo establecido en la Constitución Española y existe una vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos de los artículos 14,9.1 y 9.3 de la CE.

Fdo. Rafael Fenoy Rico Comunicación CGT Enseñanza

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