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CGT anuncia la presentación de un recurso de alzada contra el ERE de Telefónica

 

La misma semana que «solicitaba» a la banca una participación activa en la creación empleo, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha aceptado el ERE presentado por Telefónica, convirtiéndose así en cómplice de la destrucción de 6.500 puestos de trabajo. 565 de ellos, en la Comunidad Valenciana, de los que 176 corresponden a Alicante, el 24% de la plantilla. Y algo parecido pasa en Valencia y Castellón, con 338 y 51 afectados, respectivamente.



Este expediente es el colofón a una secuencia negra de “reformas” socialistas: la laboral, que favorece el despido; la de las pensiones, que nos retrasa la edad de jubilación después de una vida cotizando; o la reciente de la negociación colectiva, que recorta derechos sindicales y el propio derecho a la negociación.

Y el gobierno, lejos de taponar la «herida» de los expedientes, ahonda la hemorragia aprobando exenciones fiscales para empresas con beneficios gracias a la modificación del régimen de libre amortización, con el que cualquier empresa puede deducirse de manera anticipada las inversiones realizadas, sin el previo requisito de mantener el empleo durante dos años. No es extraño que los expedientes, en el primer trimestre del año, hayan aumentado un 15% en empresas con más de 1.000 trabajadoras/es. El nuestro es un ejemplo más.

Para Trabajo, el Plan Social del ERE es bueno porque contiene un amplio programa de empleo que contempla su mantenimiento en las provincias, la creación de empleo, un plan especial de recolocación, un programa de formación y una garantía de empleo durante su vigencia. Como veremos, nada de ello es real, ni creíble ni eficaz. La creación de empleo, un 7% de los 6.500 puestos que se destruyan, como hemos venido denunciando durante todo el proceso de negociación, es insignificante, a pesar de que el enorme ahorro por la destrucción de tantos puestos de trabajo y lo barato que le resultará la nueva contratación, le hubieran permitido un mayor volumen de contratación.

El plan de recolocación es de todo menos ambicioso, ya que se obliga a las personas afectadas a sufragar el 50% de los gastos derivados de la búsqueda de un nuevo empleo. El programa de formación, con 72 horas para todas las personas de nuevo ingreso, es insuficiente. Igual que lo es la garantía de empleo, que no elimina la posibilidad de despido por la aplicación de la cláusula 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET), ni garantiza el reingreso voluntario en caso de despido improcedente, ni contempla la aplicación de los contratos de relevo, ni tampoco el compromiso de no segregar más actividad.

Según Trabajo, otro de los fundamentos para aprobar esta destrucción de empleo es el alto grado de compromiso con la sociedad de la operadora, que se obliga a través de la Comisión de Seguimiento del expediente a: «Asimismo, en dicha Comisión se informará de los costes derivados del desempleo y de la conformación del fondo compensatorio que se adjudicará a la Administración en función del compromiso adquirido por la Empresa en los términos que legal o reglamentariamente se fijen

Pero cabe recordar que esta decisión no fue voluntaria, ya que fue la inminente aprobación del Anteproyecto de Ley presentado por el gobierno sobre la actualización del sistema de la seguridad social, que recoge este compromiso para empresas con beneficios, la que hizo a uno de los sindicatos firmantes exigírsela a Telefónica por adelantado y, casi con seguridad, un requisito imprescindible del propio gobierno para su aprobación.

Conviene señalar que este compromiso es tan «volátil» como el lenguaje que se utiliza en el párrafo citado, y ya sabemos lo que pasa con los redactados. Más aún, en la mejor de las interpretaciones, la empresa, de asumir todos «los costes derivados del desempleo», lo único que subsanaría es algo que en el anterior expediente 2003/07 se le cargaba al salario regulador del trabajador/a, al que se le detraía lo que cobraba del subsidio de desempleo, sin que la empresa lo repusiera al estado. Ahora, deberemos esperar que la comisión de seguimiento se reúna, interprete la ley y haga desembolsar a la empresa el dinero que en su día le supuso un ahorro gracias al Estado.

CGT sabe que el compromiso con la sociedad pasa por el mantenimiento de puestos de trabajo estables y de calidad, por la creación de empleo real en las mismas condiciones laborales, y la no segregación y externalización de actividad, prácticas que fomentan el trabajo en precario en el sector de las telecomunicaciones, y en tantos otros de la provincia.

CGT, que exige al gobierno un compromiso con la sociedad, presentará un recurso de alzada argumentando que existen motivos suficientes para no aprobar el Expediente. No sólo porque faltan los datos económicos del primer semestre de este año y porque se aportan causas ECONÓMICAS en una empresa con beneficios. Además el redactado del Plan Social es inconcreto, muy impreciso, y no da plenas garantías de los compromisos de creación y garantía de empleo, ni solución a los problemas que causará la destrucción de empleo masivo en Telefónica.

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