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Un nuevo ataque al servicio público de Metrovalencia. Sr. Conseller... ¿algo que decir?

 

Una vez más nos dirigimos a la prensa desde la sección sindical de CGT-FGV. Queremos ser el puente, creemos que necesario, con los medios de comunicación, para que todo lo que acontece en la empresa pública más grande de esta comunidad autónoma llegue a la ciudadanía. Ejercer el derecho a una información poliédrica, sólo puede hacerse si los medios de comunicación asumen la responsabilidad de consultar todas las partes.

Sección Sindical de CGT-FGV


En el mes de abril, la prensa se hacía eco de nuestra desconvocatoria de huelga a raíz de un acuerdo firmado con la dirección de FGV. Uno de los ejes centrales de nuestras movilizaciones era la defensa como servicio público de este medio de transporte. El no permitir que las privatizaciones siguieran avanzando y desmantelándonos era un empeño en el que dijimos que no cejaríamos.

De hecho, uno de los puntos de dicho acuerdo era, ante la ya inminente licitación del servicio 900 de atención telefónica, el que se cumpliera lo que, en su día, el impulsor de esta medida nos expuso. El Sr. Francesc Romeu, número dos del PSPV, llegó como cargo de confianza a FGV. Como Director del Cliente, nos habló de grandes proyectos de accesibilidad, atención, modernización y tecnología. Mucho ruido y pocas nueces … o, más bien, poco ruido para las consecuencias que ello conllevaría. El caso es que la Atención telefónica pasaba por tanta modernización que debía privatizarse. Eso sí: la cesión se haría a una Empresa valenciana, que tuviera en su plantilla presencia de personal con diversidad funcional y que dispusiera de los medios tecnológicos de los que carecíamos. El compromiso era que este servicio se revertiría pasados dos años.

El Sr. Romeu desapareció sin decir adiós. De su proyecto quedó la privatización sin retorno. En una negociación en la que no quisimos retroceder, en un momento en que CGT-FGV éramos un fleco molesto para un gobierno que iba de cabeza a las elecciones, la Dirección se comprometió con esta sección sindical a preparar un Plan de formación para el personal y la puesta en marcha de la tecnología necesaria para devolver el servicio en el ecuador de esos dos años.

Estamos sólo al principio del proceso. Es verdad que va a arrancar ahora este servicio externo. Pero nos llena de inquietud y de desasosiego la falta de transparencia, las maneras de actuar de quienes pertenecen a la propia Empresa y también el hecho de que se plieguen a una legalidad totalmente desprovista de ética.

El nuevo servicio arranca sin que casi el personal que ahora lo realiza y que cuenta con años de experiencia, sea tenido en cuenta ni tratado con la dignidad que se merece. Lo hace a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) llamada CORVAN que dice no quedarse parte del sueldo de las personas que consiguen su trabajo a través de ella. El sueldo será según el convenio de la empresa usuaria donde se presta servicio. Sabemos dónde está la trampa: en que el puesto y la categoría será “a razón del convenio colectivo en el que esté enclavado”.¿ El sector va a ser el de las teleoperadoras, sector precarizado dónde los haya? O ¿acaso les van a pagar el mismo sueldo y con los mismos derechos de si perteneciesen a esta Empresa Pública? El nuevo Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Sr. Arcadi España García, declaraba en prensa que “ser de izquierdas es crear empleo y que sea de calidad” y que en esta legislatura iba a dar prioridad al servicio de metro y tranvía. Él acaba de llegar al cargo, pero las personas que trabajamos en FGV no tenemos tiempo que perder. Empieza un servicio que no va a ser lo que se esperaba, ni que parece pueda desplegar todas las bienaventuranzas que se nos expusieron. Pero, además, va a suponerle a las arcas públicas dinero. ¿Da todo igual? ¿No importa cómo se gestiona el dinero de la ciudadanía? ¿Tampoco la ética si hay legalidad de por medio?

Segunda legislatura del Botànic: creemos que si nunca todo vale, ahora ya es el momento de no dar ni un paso atrás.

Valencia, 28 de junio de 2019

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