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Telefónica: derechos sin cobertura

 

La compañía española de telecomunicaciones se erige en el paradigma de la codicia. Mientras presenta unos beneficios récord, despide miles de personas y externaliza sus servicios a terceros países para abaratar los costes mediante condiciones laborales de semiesclavitud.

Alex Romaguera


El axioma de maximizar los beneficios con los mínimos costes posibles se ha instalado en el sector de las telecomunicaciones, con la compañía decana de telefonía en España como caso paradigmático.

Las últimas protestas protagonizadas por el personal despedido por baja médica o la subcontratación de algunos de sus servicios a empresas low cost confirma la dinámica privatizadora de la multinacional, a la que diversos organismos y movimientos sociales han acusado de utilizar prácticas que atentan contra los derechos humanos. Es el caso de los cinco operarios que, en noviembre pasado, permanecieron 23 días en ayuno como muestra de apoyo a Marcos Andrés Armenteros (una acción que se repitió en febrero durante el World Mobile Congress celebrado en Barcelona), a quien la empresa se ​​resiste a readmitir después de despedirlo de forma improcedente.

En lugar de revisar estas políticas, Telefónica mantiene la lógica de precarizar las relaciones laborales con medidas que sólo persiguen el aumento de los emolumentos de los grandes directivos sin garantizar las condiciones salariales y de seguridad mínimas a sus trabajadoras. Esta deriva se acelerará con el estallido financiero de 2007, que la Dirección utiliza para emprender un recorte escalonado de plantilla en España. Sin embargo, su origen hay que buscarlo en el periodo 1992-2012, durante el cual los respectivos gobiernos del PSOE y el PP privatizan la compañía subdividiendo el servicio en diversas áreas.

Degradación imparable

El proceso de privatización se concreta a partir de 1996, cuando el gobierno de Aznar sitúa como presidente de la empresa al especulador y amigo suyo Juan Villalonga, que inicia una estrategia de burbuja especulativa creando compañías ficticias como Terra, invirtiendo grandes cantidades de dinero a países de América Latina y comprando emisoras de radio y TV (Antena 3, entre otros).

Un año después, la privatización supone la adquisición de toda la red de telefonía desarrollada en el Estado durante el período en que era sufragada por el erario público y, acto seguido, se dicta el primer gran Expediente de Regulación de Empleo ( ERE), firmado por la Dirección y los sindicatos UGT y CCOO en 1999 y que afecta a 12000 trabajadores.

Paralelamente, la subcontratación aumenta cada día y también el número de empresas del grupo (un centenar), especialmente las que aplican unas condiciones laborales más precarias. Es el caso de la empresa de telemarketing Atento, que en sólo cinco años pasa de 300 empleadas a 8000, el 98% de las cuales son eventuales. Igualmente, cada trabajadora prejubilada es sustituida por una de temporal en una subcontrata del mismo Grupo Telefónica.

La última estocada vino con el ERE de 2011, que conllevaba la reducción de 6500 puestos de trabajo en tres años en España (el equivalente al 20% de plantilla), aunque Telefónica presenta unos beneficios de 10.000 millones de euros. Y aún más: la supresión de puestos de trabajo se hace al mismo tiempo que los sueldos de los altos cargos directivos crecen de manera exponencial y llegan a ser cien veces más altos que el de un trabajador base.

La empresa se ha deshecho de la plantilla fija para subcontratar todas las tareas a empresas deslocalizadas a países del Magreb y de América del Sur, donde los salarios y las condiciones laborales son pésimas. Con esta política, Telefónica se ha convertido en un monstruo del sector, donde la máxima del beneficio económico intenta eclipsar el desprecio por los derechos humanos, hoy sin cobertura.

Los despidos masivos no son una exclusiva de Telefónica. El pasado mes de enero, Vodafone, la segunda compañía del sector con más clientes en España, presentó un ERE para echar 900 trabajadoras (el 20% de la plantilla), a pesar de tener un beneficio de 1000 millones de euros.

* Artículo de Alex Romaguera publicado en el núm. 306 del semanario Directa.

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8873

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