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Crisis demográfica o cómo privatizar la Educación Pública

 

Desde CGT denunciamos el proceso de privatización de la Educación Pública Andaluza. Proceso que amenaza con la pérdida de un tercio del alumnado, de la financiación y del profesorado en el plazo de diez años.

CGT-Enseñanza Andalucía


En los últimos años, la crisis económica ha agravado el problema del descenso de natalidad en Andalucía. Un fenómeno agudizado por el éxodo laboral y la gentrificación de barriadas enteras de todas las capitales y ciudades con interés turístico, que expulsa a las familias más humildes a la periferia.

Según los datos del Ministerio de Cultura y Deporte, en el curso 2011/2012 un total de 280.940 niños y niñas se matriculó en el segundo ciclo de educación infantil en centros Públicos y privados concertados en Andalucía. Si excluimos los matriculados en centros privados sin financiación pública, 229.825 se matricularon en la Educación Pública y 51.115 en Centros privados concertados sostenidos con fondos públicos.

Pasados seis años, en el curso 2017/2018, se matricularon 239.641 infantes, 190.057 en la pública y 49.584 en la privada concertada. Produciéndose así una caída de 41.299 matriculaciones. De ellas, en la pública se pierden 39.768 plazas y solo 1.531 en la privada concertada.

Este descenso del alumnado matriculado ha supuesto una pérdida acumulada de más de 1.000 unidades para la escuela pública. En cambio, al estar blindadas las líneas y unidades concertadas en la educación privada-concertada, en la práctica, se mantienen intocables.

En el 2011, en Andalucía, la enseñanza concertada suponía el 18,2% del alumnado matriculado frente a la pública. En 2017 ya supone el 20,69%. Se constata que la educación privada concertada está creciendo en detrimento de la escuela pública, sube el 2,5% en 6 años y este incremento porcentual se está acentuando más en los años 2018 y 2019. Sirva como ejemplo el procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de maestros del 2018. A pesar de que el anterior ejecutivo había adquirido el compromiso de convocar 4.500 plazas (2.000 plazas para cubrir la tasa de reposición y 2.500 para la consolidación de las plantillas), la oferta de empleo público se redujo a 3.800 plazas. Un ejemplo de cómo la política de supresión de unidades en la enseñanza pública termina afectando a las plantillas de los centros y, a la larga, al sector más precarizado dentro de la enseñanza: el profesorado interino. O baste otro dato para ilustrar lo anterior, en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno andaluz, la partida prevista para los centros concertados aumenta en 41 millones de euros para el año 2019 frente a los presupuestado por el Gobierno de Susana Díaz para 2018.

Podemos afirmar con estos datos que la crisis económico-demográfica ha afectado de forma importante a la educación, pero no a toda, sino que la pérdida en estos niveles ha sido asumida casi en su totalidad por la Educación Pública.

Por otro lado, el futuro no es muy alentador. Con los datos del padrón del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, desde el año 2009 al 2018, la población de 0-1 años ha descendido un 24,62% - es decir, de 91.842 a 70.239 nacidos-. Uno de cada cuatro alumnos potenciales se ha perdido en estos años. Con estos datos, en el curso 2020-2021, cuando este mínimo histórico se incorpore al segundo ciclo de educación infantil estará en peligro una cuarta parte de las matriculaciones escolares en la escuela pública.

Y si analizamos los datos del padrón por edades, actualizado a 2018, la situación es incluso más grave. Hay 101.110 personas censadas que van a pasar potencialmente a Primero de la ESO en el curso 2019/20 - el máximo del padrón-, pero pasados diez años, la cifra se reducirá a 70.239. Es decir, más de un 30% del alumnado potencial se pierde. Si trasladamos esta situación a aquellas ciudades y localidades en las que coexiste la enseñanza pública con la concertada, se corre el peligro de supresión de muchas unidades de secundaria de la enseñanza pública. El problema demográfico se ha hecho crónico y solo es cuestión de tiempo que los recortes alcancen la secundaria obligatoria. Todo esto, sin hablar de las consecuencias de que la concertación del bachillerato, reclamo electoral de las fuerzas que gobiernan hoy en Andalucía, se convierta en una realidad.

Por todo ello, desde CGT exigimos un trato igualitario para la Educación Pública y que se blinde la pérdida de unidades y docentes de la Escuela Pública, al igual que se ha hecho con la privada concertada.

Exigimos una bajada de la ratio del alumnado en la educación pública y que se mantengan las plantillas del profesorado, medida, por otra parte, necesaria para mejorar la atención del alumnado, los resultados académicos y el logro del tan ansiado objetivo de reducción de los niveles de absentismo.

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