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CGT-Nafarroa denuncia las graves irregularidades en la evaluación e inspección de bajas laborales

 

Cuando ya estamos cerca de que se cumplan dos décadas desde su entrada en vigor, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sigue siendo sistemáticamente incumplida por un 96% de las empresas del estado español, hecho que es posible con la colaboración necesaria de instituciones, organismos públicos, autoridades laborales y burocracias sindicales. 

CGT-Nafarroa


El incumplimiento sistemático y sin problemas de esta Ley seguramente será la causa fundamental de que los empresarios no hayan visto la necesidad de reclamar su reforma, siendo el único espacio que todavía no han tocado en el ámbito laboral, junto con la Ley de Huelga, aunque el motivo para no tocar esta última será más bien el de no quitarnos la herramienta con la que -cada vez que pretendemos utilizarla- l@s trabajador@s hacemos muy visible como nos estamos ahogando en nuestras propias miserias. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es incumplida en muchos de sus aspectos, siendo el más trascendente de ellos, por las consecuencias directas que nos supone a l@s trabajador@s, el de que los riesgos del trabajo no estén correctamente evaluados, o simplemente no estén evaluados. De esta manera, amparándose en una falsa documentación con la que fingen cumplir la Ley, empresarios y mutuas se quitan de encima su responsabilidad en las consecuencias sobre la salud de l@s trabajador@s que tienen sus procesos productivos, y se la cargan al sistema sanitario público. 

Lo más grave de toda esta cuestión no es que empresarios y mutuas actúen sistemáticamente de esta manera, pues de la clase empresarial de este país no se puede esperar otra cosa dada su históricamente demostrada catadura moral… Lo grave es que un organismo público como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, bajo las directrices de funcionamiento de sus cargos políticos a dedo, no solo se coma toda esta porquería sin rechistar, sino que además rechace las reclamaciones que le presentamos l@s trabajador@s por la vía administrativa aportándole la misma documentación con la que posteriormente le ganamos a ella (la S.S.), a los empresarios y a las mutuas en los juzgados. 

El INSS, al igual que otros organismos públicos, está dirigido en cada territorio por cargos políticos elegidos a dedo por los gobiernos de turno; y estos cargos políticos a dedo son auténticas bombas que explotan a diario dentro de los organismos públicos cuando el gobierno que los ha puesto pretende cargarse -primero para después privatizar- todos los servicios públicos y sistemas de protección social. 

Cuando el INSS asume la gestión económica que no le corresponde de las bajas por patologías provocadas en el trabajo, se está tirando piedras a su propio tejado y autodegradándose intencionadamente, favoreciendo además a los intereses privados de empresarios y mutuas con un uso indebido del dinero público, y obligándonos con ello a l@s trabajador@s, y obligándose a sí mismo también, a unos absurdos e innecesarios gastos judiciales. Y no solo eso, sino que además está provocando una saturación y un desgaste indebido de recursos en el Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea. 

Eso sí, la laxitud con la que el INSS se muestra en la defensa de su caja ante empresarios y mutuas es inversamente proporcional al celo con el que actúa en la inspección de las bajas por enfermedad común (aunque su origen sea laboral) de los trabajadores. La acumulación de periodos de baja de patologías diferenciadas, los dictámenes médicos contradictorios, y las valoraciones sin exploración médica alguna y sin lectura de los informes médicos aportados por los trabajadores, con además una atención irrespetuosa cuando no en ocasiones incluso vejatoria, forman parte de los contenidos de las denuncias y demandas judiciales que los trabajadores nos vemos avocados a presentar ante las altas “médicas” prematuras, indebidas e injustas, de unos inspectores que cobran complementos salariales por tomar estas decisiones. Y resulta, que las sentencias en las que en estos asuntos los trabajadores le ganamos al INSS cada vez son más. 

En CGT podemos probar documentalmente todo lo que se dice en este escrito, lo cual no es motivo de orgullo por la exposición de nuestra acción sindical en defensa de nuestros derechos, los de l@s trabajador@s, sino que es cada vez motivo de una mayor preocupación ante la constatación de la veracidad y la razón de nuestras denuncias sobre una peligrosa realidad que hay que cambiar, y que nos exige una intensificación de nuestra acción sindical en los terrenos de lo laboral y lo social que siempre están conectados. 

Acción sindical que hemos de desarrollar sin poder contar con unas burocracias “sindicales” mayoritarias, que alimentadas a golpe de prebenda y subvención por empresarios y gobiernos de turno, no cumplen su función de defensa real de los intereses y derechos de l@s trabajador@s, sino que más bien se dedican a controlarnos y contenernos, con la obligación -bien pagada- de hacer la vista gorda a los incumplimientos de la legalidad que debería protegernos. Es lo que hay.

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