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CGT exige al Consell que ponga fin a la precariedad en la Generalitat Valenciana

 

CGT considera que la actual consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, ha perdido tres años de legislatura para haber disminuido la precariedad laboral existente en la Generalitat Valenciana.

CGT-Generalitat Valenciana


La política de personal de los sucesivos gobiernos valencianos nos ha llevado a las empleadas públicas a soportar estructuralmente situaciones de precariedad laboral escandalosas: un 40% de interinas, temporales e indefinidas no fijas. Precariedad que ha jugado a favor de los gobiernos para controlar con mayor facilidad a las empleadas públicas.

La válvula de escape para muchas ha sido el uso de la figura de comisión de servicios (17%). Esta situación ha sido aprovechada por los distintos gobiernos como otra forma de control.

Los máximos culpables de esta precariedad han sido los gobiernos, con la complicidad de UGT y CCOO que han estado abonando la desmovilización de las empleadas públicas.

Exigimos al actual Consell una respuesta con un proceso de consolidación que ponga fin a la precariedad laboral en la Generalitat Valenciana.

Analizada la disminución y recorte del gasto público, sólo en el periodo de crisis capitalista 2009-2014, podemos tener una idea muy nítida, no sólo del traspaso de recursos públicos a las empresas privadas, sino de la ilegítima “contratación” que han pactado entre los “sindicatos mayoritarios” y el Gobierno español, que no garantiza la dignificación del trabajo público, ni repone todo lo que se ha destruido.

RECORTE EN EL GASTO PÚBLICO 2009-2014

Partidas en millones de euros:

Vivienda -6979

Educación -6138

Sanidad -5564

Familia e infancia -2692

Cultura -2275

Cooperación internacional -2060

I+D básica -1337

Industria -1206

Enfermedades e incapacitados -1099

Prestaciones desocupación -7231

Infraestructuras de transporte -10789

I+D asuntos económicos -1068

Actualmente el marco legal y jurisprudencial conmina a respetar el umbral de lo que es tolerable: que los méritos de la experiencia sean valorados o condicionantes, pero no determinantes.

La sentencia del Tribunal Constitucional 6/1989 de 18 de abril estableció, que aunque no se puede admitir a todos los efectos, los procedimientos en los cuales se reconoce como méritos servicios prestados como funcionarias interinas es lícito siempre que se haga de forma proporcional y razonable, juzgando como razonable valorar los mencionados méritos hasta un 45% de la puntuación total de un concurso.

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó cubrir con temporales los lugares estructurales, se hizo necesario desarrollar políticas sindicales en sentido absolutamente contrario a aquello que han pactado los “sindicatos mayoritarios”, tanto en el “I Acuerdo”, como por ejemplo en el “II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo”.

Se tendría que haber desarrollado el conflicto, extendiéndolo de manera masiva y exigiendo en la calle  que el Estado y los gobiernos deroguen una legislación ilícita y fraudulenta y se restituya los derechos de centenares de miles de trabajadoras.

CGT entiende que hay medidas que la Conselleria de Administración Pública ya podría haber aplicado y no lo ha hecho porque, parece, al Consell le es favorable el actual porcentaje de interinidad como medida de control del personal. Entre las medidas propuestas por el sindicato encontramos: ofrecer todas las plazas vacantes mediante concurso-oposición, no puntuar la experiencia en otras administraciones si no hay reciprocidad, pruebas con un temario desarrollado por la Administración y bolsas constituidas por antigüedad.

CGT-Generalitat Valenciana

24 mayo 2018

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