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CGT denuncia que la Delegación de Educación permite al colegio La Salle cobrar cerca de 40 euros por dar información académica a las familias y discriminar a las que se niegan a pagar

 

Este hecho debería ser tenido en cuenta a la hora de revisar los conciertos.

Exige que la Delegación investigue si este hecho es generalizado en el resto de colegios de esta orden y en otros colegios concertados.

Sindicato de Enseñanza de Cádiz de CGT


El colegio Nuestra Señora del Carmen - La Salle de San Fernando cobra 37 euros por dar información académica de sus hijos a las familias a través de un programa telemático.  El programa se llama Sallenet y es una plataforma de seguimiento académico, por medio de la cual las familias son informadas de la evolución académica de sus hijos.

El derecho a la información es inherente a la propia educación del alumnado  y cobrar por estos servicios constituye una flagrante discriminación para aquéllas familias que no paguen.

En este centro privado concertado, y por tanto sufragado con fondos públicos, un padre de un alumno del centro continua sin poder acceder a dicho programa y sin recibir información académica por este cauce, a pesar de haberlo solicitado. A este padre, el centro le indicó oralmente que debía abonar la cantidad de 37,40 euros para poder entrar al mencionado programa Sallenet. Tras pedir que le comunicaran por escrito tal obligatoriedad de pago, con fecha de 8 de febrero de 2017, recibió contestación el 14 de febrero en un escrito en el que se le dice textualmente:

"El servicio de información telemática que refiere no podemos ofrecérselo en estos momentos como consecuencia de la decisión adoptada por la Delegación de Educación aunque la misma está recurrida hasta que se resuelva dicho recurso"

Sin embargo hay constancia de que el referido programa Sallenet sigue siendo utilizado por el centro y por las familias que si han pagado la cuota económica.

Desde CGT entendemos que esta discriminación y el cobro por dar información académica a las familias en unas enseñanzas sufragadas con fondos públicos es intolerable. Y exigimos a la Delegación de Educación cumpla con su función inspectora y haga que cesen inmediatamente estas actuaciones en el referido colegio.

Este tipo de prácticas de cobro de cuotas "voluntarias" son generalizadas en muchos colegios privados concertados y la inspección educativa de la Delegación de Educación no está cumpliendo con su obligación de velar por que no se produzcan este tipo de prácticas abusivas.

Por ello exigimos que la inspección educativa haga un estudio riguroso del cobro de cuotas en los centros concertados de la provincia de Cádiz y que se tenga en cuenta a la hora de renovar o no los conciertos con estos centros privados.

Más información. Contacto:

Ignacio Casado

Delegado Sindicato de Enseñanza de Cádiz de CGT

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